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EL APESTADO
Las paredes del World Trade Center en la CDMX hablan, y vaya que retumban con fuerza los miércoles de pasarela aliancista.
Cuentan que la plana mayor del Verde, Morena y el PT se encierran a piedra y lodo para revisar cómo vienen los registros en las 17 gubernaturas.
Por supuesto, el mapa de San Luis Potosí brincó de inmediato en las pantallas, pues es el territorio libre donde la coalición formal sigue cocinándose a fuego lento bajo acuerdos muy cantados.
Lo que dejó mudos a los presentes fue la soberana regañada que le acomodaron al líder del PT, Beto Anaya.
Sin rodeos, le cuestionaron severamente por qué rompió la disciplina y le dio registro al polémico Huasteco-Potosino, Gerrardo Sánchez Zumaya, implicado y salpicado en las redes de huachicol.
La instrucción era tajante desde la mismísima cúpula presidencial era congelarlo y negarle el pase.
Lejos de doblar las manos, el “Profe” Anaya se puso al brinco y reviró con tono retador: si el hombre arrastra tantas cuentas pendientes y broncas legales, ¿por qué la Fiscalía no lo ha guardado ya tras las rejas?.
El silencio incómodo en la mesa confirmó que viene una tormanta política.
Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, líderes de Morena detuvieron el registro del Huasteco-tabasqueño tras órdenes superiores.
Se sospecha de un presunto soborno y venta de influencias entre los líderes del PT, complicando la situación de Anaya, el líder del PT, quien intentó justificarse sin éxito.
ENTRE LICITACIONES Y REPROCHES
En los pasillos del Ayuntamiento capitalino el cuento de moda es victimizarse y culpar a la Contraloría estatal.
Otra vez Enrique Galindo repite constantemente que le tienen “atoradas” las licitaciones de obra pública municipal.
Sin embargo, tras bambalinas corre una verdad mucho más incómoda: los auditores le detectaron un tufo a negocio redondo en los expedientes presentados.
Dicen que los proyectos traen unos “business” muy grandes e inflados con sobrecostos exagerados, pretendiendo cobrar las obras casi al triple de su valor real.
EL GRAN NEGOCIO
El edil se defiende y escuda en que la Contraloría no está diseñada para auditar costos o revisar finanzas.
Pero el freno institucional es total porque la transa brinca a la vista.
Al alcalde no le urge la infraestructura ni el bienestar de los potosinos; lo que verdaderamente le interesa es liberar y exprimir ese recurso millonario por el beneficio personal que le va a redituar.
Las ganancias detrás de proyectos pendientes como el paso a desnivel de El Saucito, la glorieta de la Familia y otras inversiones en lista de espera explican su desesperación.
La autoridad estatal mantiene el cerrojo puesto ante el evidente abuso presupuestal.
¡Vaya mina de oro!
