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GALINDO EN EL BANQUILLO
De pena ajena la sesión de Cabildo para Enrique Galindo. El regidor Gustavo Garay puso el dedo en la llaga al cuestionar el destino y los resultados de los 600 millones de pesos contratados como deuda pública, pues asegura que las obras y mejoras prometidas siguen sin aparecer por ningún lado. Mientras llegaban los reclamos, el alcalde parecía más entretenido con su teléfono que con las explicaciones. Garay también acusó que una intervención suya habría sido eliminada del video de una sesión anterior y exigió congruencia a quienes presumen defender la libertad de expresión. Como si faltaran frentes, la Contraloría estatal rechazó que exista sesgo político en la revisión de proyectos municipales y señaló que hay requisitos que el Ayuntamiento no ha cumplido. En el caso de El Saucito, además, existe un proceso judicial que mantiene detenida la obra mientras se resuelven posibles afectaciones al templo. Entre créditos, reclamos, videos y expedientes atorados, al alcalde se le acumulan los dolores de cabeza.
ADIÓS A LA LEY SERRANO
Como lo adelantamos desde días anteriores, este jueves a las 10:30 de la mañana Palacio de Gobierno será escenario de un encuentro que promete abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre inteligencia artificial en San Luis Potosí. El gobernador encabezará el anuncio relacionado con la llamada Ley Serrano y dará paso a un amplio ejercicio de diálogo con académicos, representantes de los tres poderes, medios de comunicación, abogados, cámaras empresariales, investigadores y especialistas. La intención será construir una nueva iniciativa que establezca reglas claras sobre el uso de la inteligencia artificial sin afectar la libertad de expresión ni convertir la legislación en una mordaza para nadie. Será apenas el primer encuentro de una discusión que necesitará muchas voces, experiencia y cabeza fría. El Mañana estará presente, porque cuando se trata de poner nuevas reglas al futuro, más vale escuchar primero y legislar después.
EL EXAMEN MILLONARIO
Por los rumbos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí reina el silencio después del examen de admisión. Las críticas apuntan a que más de la mitad de los aspirantes habrían quedado fuera, mientras la capacidad de ingreso continúa prácticamente sin crecer frente a una demanda que cada año aumenta. La inconformidad no es solamente por los miles de jóvenes rechazados, sino por el dinero recaudado mediante las fichas y exámenes de admisión. Surgen entonces preguntas inevitables: ¿cuánto ingresó?, ¿cómo se utiliza ese recurso? y ¿por qué no existe mayor transparencia sobre su destino? La autonomía universitaria no debería convertirse en un escudo para evitar la rendición de cuentas. Miles de jóvenes y sus familias pagan cada año por una oportunidad que saben limitada desde el principio. Si la matrícula permanece prácticamente estancada mientras crece la demanda, la Universidad tiene una deuda pendiente con los potosinos que no se resuelve únicamente aplicando exámenes y cerrando las puertas a quienes no alcanzaron un lugar.
