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Desde la banqueta
Ericka Segura.
La mayor amenaza para la Huasteca, por ahora, no es el fracking. Es la forma en que Petróleos Mexicanos ha manejado el tema. Una empresa que conoce la polémica que genera esta técnica no puede limitarse a enviar oficios para el uso de explosivos sin explicar con absoluta claridad qué pretende hacer, dónde y con qué propósito.
Pemex abrió la puerta a la incertidumbre y dejó que fueran los alcaldes, el Gobierno del Estado, el Congreso, la Iglesia y hasta los ciudadanos quienes respondieran preguntas que le correspondían a la propia empresa. Mientras Pemex calla, otros intentan contener la preocupación de una región que vive del agua, del campo y de su riqueza natural.
No sorprende que municipios como Tamuín hayan decidido no emitir ninguna autorización sin conocer primero los alcances técnicos del proyecto. Tampoco que el Gobierno estatal busque toda la información disponible antes de fijar una postura, ni que el Congreso sostenga que no existe autorización para aplicar fracking. Todos reaccionan ante una incertidumbre que no provocaron.
El origen de la desconfianza tiene un solo responsable, Pemex. Porque cuando una empresa pública informa a medias, los rumores ocupan el espacio que deja el silencio. Y tratándose de una técnica señalada por sus posibles impactos sobre el agua, el suelo y los ecosistemas, la transparencia no es opcional, es una obligación.
La Huasteca no puede convertirse en un territorio donde primero lleguen los oficios y después las explicaciones. Mucho menos cuando están en juego comunidades indígenas, productores y miles de familias que dependen de sus recursos naturales.
Pemex aún puede corregir el rumbo. Pero mientras no informe con claridad, seguirá alimentando la sospecha. En un tema tan delicado, la confianza no se construye con documentos ambiguos, sino con información completa, abierta y oportuna. Y eso es, precisamente, lo que hoy le ha faltado.
