- El Juzgado Sexto de Distrito ordenó a la edil de Santa Maria del Rio a cubrir un adeudo de aproximadamente un millón de pesos
staff/ El Mañana
El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí emplazó a la alcaldesa Isis Aydé Díaz Hernández a cumplir con un laudo laboral que ordena el pago de aproximadamente un millón de pesos a una ex trabajadora del Ayuntamiento, luego de que el municipio fuera condenado por despido injustificado y falta de cumplimiento de derechos laborales. De acuerdo con la resolución judicial, en caso de no acatar el fallo, la presidenta municipal podría ser separada de su cargo y sustituida de manera temporal o definitiva.
La notificación, derivada del amparo federal 635/2024, establece un plazo para que el Ayuntamiento realice el pago correspondiente, el cual incluye salarios caídos, prestaciones y otros conceptos acumulados. Fuentes judiciales citadas por medios locales precisan que, de persistir el incumplimiento, el tribunal podría ordenar la destitución de la alcaldesa y turnar el caso al Congreso del Estado, para proceder conforme a lo establecido por la ley en materia de responsabilidades de servidores públicos.
Hasta el momento, la alcaldesa no ha emitido una postura formal sobre el emplazamiento, aunque trascendió que la administración municipal analiza posibles mecanismos legales para impugnar la medida o buscar un acuerdo con la parte demandante. Sin embargo, el caso ha generado críticas entre la ciudadanía y observadores locales, quienes consideran que la falta de atención a los conflictos laborales refleja una gestión poco eficiente en el manejo jurídico y financiero del municipio.
Santa María del Río enfrenta varios laudos laborales pendientes de administraciones anteriores, algunos con montos considerables que han puesto en riesgo las finanzas municipales. La advertencia judicial contra la actual presidenta subraya la gravedad del problema, al evidenciar que los adeudos acumulados por omisiones y malas prácticas administrativas continúan afectando a la administración pública local.
Con este emplazamiento, la autoridad judicial reitera la obligación de los municipios de acatar resoluciones firmes y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores, un tema que sigue siendo un reto estructural para numerosos ayuntamientos del estado.
