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- El uso de “factureras” se mantiene entre las observaciones más recurrentes por su impacto directo en el daño al erario.
Staff / El Mañana
El uso de empresas fantasma para simular compras, servicios y obras continúa siendo una de las prácticas más graves y recurrentes detectadas en las auditorías a las Cuentas Públicas 2024, al generar afectaciones directas a la economía de los entes fiscalizados y evidenciar mecanismos sistemáticos de simulación en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), las denominadas Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS) permanecen dentro del “Top 5” de observaciones más frecuentes. Estas estructuras son utilizadas para justificar erogaciones mediante comprobantes apócrifos, facturas canceladas o documentos que amparan operaciones inexistentes.
El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, explicó que en múltiples casos, al realizar las compulsas, las empresas resultan inexistentes, con domicilios fiscales fuera del estado, en lotes baldíos, viviendas abandonadas o con giros comerciales que no corresponden a los servicios supuestamente prestados. A ello se suman irregularidades como duplicidad de comprobantes, registros contables mal aplicados y falta de documentación fiscal válida.
Advirtió que, de no solventarse adecuadamente las observaciones, se procederá con la determinación de responsabilidades administrativas y se dará vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el ejercicio de sus facultades de comprobación, al tratarse de posibles esquemas de simulación que podrían configurar ilícitos fiscales.
Lecourtois López exhortó a funcionarios y exfuncionarios de los 112 entes fiscalizados a concentrarse en el proceso de desahogo de observaciones, sin evadir ni dilatar la entrega de pruebas documentales, pues se aproxima el cierre del plazo para solventar los señalamientos detectados.
Actualmente, el IFSE se encuentra en la fase de recepción y análisis de documentación correspondiente a las observaciones definitivas de las Cuentas Públicas 2024, proceso que concluirá durante la primera semana de febrero. La falta de aclaración efectiva, advirtió el organismo, no sólo evidenciará malas prácticas administrativas, sino que podría derivar en sanciones y procedimientos legales.
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