🔊 Escuchar esta nota informativa:
Staff / El Mañana
El Poder Legislativo potosino alista una reforma penal drástica para frenar la violencia contra las mascotas, vinculando el maltrato con un foco rojo de seguridad pública.
La impunidad y la crueldad desmedida contra los animales en territorio potosino están cerca de enfrentar una barrera jurídica mucho más rígida, luego de que las comisiones legislativas dieran luz verde a un paquete de modificaciones legales que transformará el tratamiento punitivo de estas conductas.
El proyecto, impulsado tras la recepción y análisis de demandas ciudadanas urgentes, se encamina directo al pleno del Congreso local para su discusión definitiva, con altas probabilidades de ser avalado durante las próximas sesiones ordinarias de este periodo legislativo.
Detrás de este movimiento legal se encuentra una advertencia lanzada por las propias autoridades de procuración de justicia y legisladores, quienes catalogan el maltrato a seres sintientes no solo como un delito contra la fauna, sino como el preámbulo conductual idóneo para escalar hacia crímenes violentos contra seres humanos.
La diputada María Leticia Vázquez Hernández, al frente de la Comisión Primera de Justicia, enfatizó que existe un vínculo criminológico documentado entre la agresión sistemática a animales domésticos y la posterior comisión de delitos graves contra la integridad de las personas, convirtiendo este tema en un asunto prioritario de prevención social.
Bajo este nuevo esquema normativo, las sanciones no contemplan medidas laxas ni sustitutos que minimicen la gravedad de los ilícitos; por el contrario, se incrementarán los años de privación de la libertad y se mantendrán vigentes los castigos económicos proporcionales al daño ocasionado.
Asimismo, el dictamen aprobado integra de manera obligatoria penas complementarias de carácter correctivo y social, destacando jornadas de trabajo comunitario y terapias psicológicas enfocadas en la concientización sobre el bienestar animal y la contención de conductas violentas.
Para robustecer la propuesta y blindarla ante cualquier vacío legal, el Congreso sostuvo mesas de trabajo técnicas y operativas con la Fiscalía General del Estado, asegurando que las modificaciones al Código Penal respondan eficazmente a la realidad de inseguridad y violencia que afecta a la entidad.
