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Slp.-La mañana de este miércoles, lejos del ruido de la calle y dentro de muros que casi nunca salen en la foto bonita, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) llevó información que pesa más que cualquier candado: certeza jurídica.
Más de 300 personas privadas de la libertad recibieron asesorías legales directas, con el objetivo de conocer su situación jurídica real y saber si pueden acceder a beneficios de libertad anticipada, todo conforme a lo que marca la ley, sin cuentos ni falsas esperanzas.
En la jornada participaron la Defensoría Pública del Estado, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPRS) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en un trabajo conjunto que busca algo básico pero muchas veces olvidado: que incluso en prisión, los derechos no se suspenden.
La titular de la DGPRS, Carmen Villa Galarza, explicó que estas acciones alcanzan a los cinco centros de reinserción social del estado, donde cada caso será revisado de forma individual, porque la justicia no se aplica en paquete ni con sello automático.
Este programa no promete milagros, pero sí algo fundamental: información clara, acompañamiento legal y procesos justos. Porque hablar de reinserción social no es discurso bonito, es garantizar que quien cumpla con la ley tenga acceso real a los beneficios que la propia ley contempla.
