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-Advierten procesos penales por anomalías financieras
Staff/El Mañana
La Secretaría de Educación ha puesto en marcha un riguroso esquema de fiscalización en la Zona Media, enviando un mensaje claro: no habrá espacio para la opacidad en el manejo del dinero público. El centro de esta estrategia es el Instituto Tecnológico Superior de Rioverde, donde auditorías previas ya han encendido las alarmas tras detectar más de 34 observaciones administrativas. Este proceso no es un evento aislado, sino que forma parte de un programa permanente diseñado para garantizar que cada peso asignado al sector educativo se traduzca en beneficios reales para los estudiantes y la infraestructura de los planteles.
Actualmente, los auditores concentran sus esfuerzos en el ejercicio fiscal 2025, con el objetivo de blindar la rendición de cuentas. La dependencia estatal advirtió que cualquier irregularidad detectada bajo la normativa vigente tendrá consecuencias severas. Esto incluye el inicio de procedimientos legales, tanto de carácter administrativo como penales, que podrían alcanzar incluso a exfuncionarios que ya no se encuentran en funciones. La intención es sentar un precedente de transparencia que asegure la correcta aplicación del presupuesto estatal.
Mientras se deslindan las responsabilidades financieras, las autoridades confirmaron que la operatividad de las escuelas no se verá afectada. Las actividades académicas continúan desarrollándose de manera regular y segura, bajo protocolos preventivos de salud. De esta forma, se busca que el orden administrativo y la integridad de la comunidad estudiantil caminen por la misma vía, protegiendo el derecho a la educación sin descuidar la vigilancia del tesoro público.
