🔊 Escuchar esta nota informativa:
- Servidores de la Nación denuncian imposición de contratistas, conflicto de interés y posibles actos de corrupción en el programa federal.
Servidores de la Nación de la Región 2, con sede en Matehuala, denunciaron presuntas irregularidades en la operación del programa federal La Escuela es Nuestra en San Luis Potosí. Los trabajadores, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, aseguran que funcionarios de la Secretaría de Bienestar impusieron ingenieros para realizar obras en escuelas, pese a que esa decisión corresponde únicamente a los comités escolares. También afirman que hubo trabajos deficientes, inconclusos y con costos por encima de los precios del mercado.
La denuncia señala como ejemplo una obra realizada entre 2022 y 2023 en una comunidad de Charcas. Según los documentos, el ingeniero civil Uri Fernando Pantoja Pérez figuraba como responsable de los trabajos mientras presuntamente también se desempeñaba como Servidor de la Nación en Matehuala. De confirmarse, se configuraría un claro conflicto de interés al participar simultáneamente como funcionario y contratista del mismo programa.
Los denunciantes también involucran al entonces director regional de Bienestar, Jesús Guille Martínez Martínez, hoy delegado de la SEDATU en San Luis Potosí, por presuntamente promover la contratación del ingeniero. Asimismo, señalan a la diputada federal de Morena, Aremy Velazco, quien coordinaba el programa en la región, de facilitar información de las escuelas para favorecer la obtención de contratos por parte de su esposo. Incluso sostienen que éste acompañaba al personal durante las visitas para influir en las decisiones de los comités escolares.
Los Servidores de la Nación afirman que este presunto esquema continúa operando en otras regiones del estado y aseguran contar con documentos que respaldan sus acusaciones. Ante la gravedad de los señalamientos, exigieron una investigación inmediata y el deslinde de responsabilidades. Los recursos públicos destinados a mejorar las escuelas deben administrarse con transparencia, no convertirse en instrumento de tráfico de influencias ni de beneficio para intereses particulares.
