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Staff/EL MAÑANA
Por segundo día consecutivo, el paro de “brazos caídos” en la Facultad de Ciencias de la Información de la UASLP expone una tensión que va más allá de un desacuerdo administrativo y que revela una gestión incapaz de procesar denuncias de violencia laboral en un momento clave de negociación salarial.
Mientras las y los trabajadores insisten en que su protesta nace de un pliego petitorio ignorado y de señalamientos concretos de acoso y abuso de poder, la Rectoría reduce el conflicto a una inconformidad con la supervisión de tareas, minimizando así la dimensión institucional del problema.
El contraste entre ambas narrativas es significativo. De un lado, el personal administrativo invoca la NOM-035, el Contrato Colectivo y derechos constitucionales; del otro, el rector Alejandro Zermeño sugiere que el “acoso” puede ser simplemente exigir cumplimiento laboral.
Esta lectura no solo trivializa las denuncias, sino que desplaza el debate hacia una lógica de disciplina, dejando intacto el fondo, la ausencia de mecanismos eficaces para investigar y sancionar la violencia en el trabajo dentro de la propia universidad.
A ello se suma una contradicción que agrava la percepción de opacidad, en plena crisis financiera, la contratación de personal externo es defendida como un asunto que “no debe preocupar” a los trabajadores.
Sin embargo, para quienes viven un entorno de tensión y acusan abuso de poder, estas decisiones sí afectan el equilibrio laboral y la confianza en la autoridad.
La negativa institucional a remover a las funcionarias señaladas y a emitir medidas de protección inmediatas mantiene vivo un conflicto que pudo haberse contenido desde la semana pasada.
Mientras la Rectoría apuesta a que el conflicto se extinga por desgaste, en la FCI se acumula un mensaje incómodo, la universidad que exige legalidad hacia afuera aún no logra garantizarla puertas adentro.
