Fallan en resolver crisis en la UASLP

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  • Suman en cuatro años 993 solicitudes para resolver violaciones a derechos humanos, derechos universitarios y violencia de género.


Staff/EL MAÑANA

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) atraviesa la segunda mitad del segundo periodo de Alejandro Javier Zermeño Guerra en medio de una crisis política, académica y financiera que pone en tela de juicio la capacidad del rector para resolver los problemas que comienzan a salirse de control.

A pesar de los reiterados llamados de la comunidad estudiantil para erradicarla y prevenirla, hay una elevada incidencia de violencia dentro de las aulas universitarias. Numerosas acusaciones públicas de acoso sexual por parte de alumnos y docentes, un caso de abuso sexual en la Facultad de Derecho por parte de sus compañeros de clase y denuncias públicas sobre la presunta venta de estupefacientes en las instalaciones universitarias son tan solo algunos de los problemas internos de la UASLP.

En cuatro años, la UASLP recibió 993 solicitudes para intervenir en asuntos relacionados con violaciones a derechos humanos, derechos universitarios y violencia de género; la mayoría no han sido resueltas.

Los problemas académicos aumentan y empieza a ser más notorio que académicos relegados empiezan a movilizarse para competir por el cargo en 2028.

En la Facultad de Derecho, donde la lucha por el control de los puestos directivos y del alumnado parece no tener fin, hay un grupo de catedráticas que desafían las tradiciones y costumbres de la cúpula universitaria, quien decide quiénes ocupan las direcciones académicas y administrativas de las escuelas y facultades.

Los problemas financieros, por su parte, no pueden atribuirse exclusivap7mente a la tardanza de las participaciones estatales, sino también a una deficiente administración de la rectoría.

Lo anterior incluye remuneraciones elevadas en la estructura administrativa y un litigio derivado de un contrato de arrendamiento que la propia institución buscó cancelar y que hoy representa un gasto en abogados y peritajes de cientos de millones de pesos.

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