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Madrid, España. Después de varias semanas de chisme mediático, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió archivar la denuncia por presuntos delitos sexuales, trata de personas y acoso contra el cantante Julio Iglesias, que habían presentado dos de sus exempleadas.
La razón de peso es técnica y legal: los tribunales españoles no tienen jurisdicción sobre los hechos denunciados, porque según el Ministerio Público todo pasó fuera de España -en mansiones de Iglesias en República Dominicana y las Bahamas- y las denunciantes no son españolas ni viven en España.
Los fiscales argumentaron que no hay competencia territorial española para investigar los presuntos delitos, así que el caso no puede avanzar en los juzgados de ese país.
En un comunicado oficial, se subrayó que los hechos deben ser investigados en los lugares donde ocurrieron si se quiere seguir con el proceso. Esa limitación legal fue suficiente para cerrar este capítulo en España.
Julio Iglesias, de 82 años y uno de los artistas españoles más conocidos del planeta, había negado desde el principio todas las acusaciones, calificándolas de falsas y dañinas para su reputación.
