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Staff / El Mañana
Desde la región Huasteca, la unidad especializada de la FGESLP garantiza acceso a la justicia y traductores a comunidades originarias en todo el estado.
El acceso a la impartición de justicia en México y en territorio potosino ha históricamente marginado a los sectores que no dominan el castellano o que pertenecen a etnias originarias. Para revertir esta brecha de desigualdad estructural, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene activa una dependencia estratégica ubicada estratégicamente en la zona huasteca, operando bajo un esquema de cobertura estatal enfocado en la protección integral de los derechos humanos y la procuración de justicia intercultural.
Ubicada físicamente sobre el tramo de la carretera México-Laredo Sur, a la altura del kilómetro 332 en la localidad de Xolol, municipio de Tancanhuitz, esta representación especializada funciona como el epicentro operativo para atender controversias, denuncias e investigaciones donde se encuentren involucradas personas indígenas, ya sea en calidad de víctimas, testigos o imputados dentro de un proceso penal de carácter local.
Uno de los pilares fundamentales que sostiene la operatividad de esta fiscalía especializada es la integración permanente de peritos y facilitadores con dominio de lenguas originarias y variantes dialectales. Este soporte lingüístico resulta indispensable para garantizar que los ciudadanos comprendan con absoluta claridad cada una de las etapas procesales, evitando así la indefensión jurídica derivada de barreras de comunicación o traducciones deficientes.
Asimismo, la dependencia no se limita exclusivamente al personal local, sino que cuenta con mecanismos de colaboración interinstitucional y convenios a escala nacional que permiten solicitar el auxilio de intérpretes externos. Esta red de cooperación garantiza que, ante la presencia de dialectos poco comunes en la región huasteca, se pueda brindar una asesoría legal y pericial adecuada sin vulnerar los derechos constitucionales de los justiciables.
Entre las atribuciones esenciales conferidas a este organismo destaca la investigación especializada de delitos que afecten directamente a los pueblos originarios, la salvaguarda de víctimas mediante medidas cautelares de protección inmediata y la vigilancia estricta del debido proceso. Con ello se busca erradicar la impunidad en zonas rurales y asegurar que la ley se aplique con perspectiva intercultural y pleno respeto a las autonomías comunitarias.
La consolidación de este órgano de procuración de justicia representa un avance significativo frente a los rezagos históricos que han padecido las comunidades tének, náhuatl y pame en territorio potosino. Sin embargo, colectivos de defensores de derechos humanos señalan que el reto principal radica en la difusión constante de estos servicios directamente en las comunidades para abatir el temor a denunciar.
Finalmente, las autoridades de la FGESLP reiteraron que las puertas de la sede en Xolol se mantienen abiertas de manera permanente, exhortando a la población indígena a denunciar cualquier acto ilícito o abuso de autoridad con la certeza de que recibirán acompañamiento jurídico profesional y gratuito durante todo el procedimiento penal.
