Galindo prioriza campaña política

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La capital potosina volvió a enfrentar una jornada marcada por la violencia mientras el alcalde Enrique Galindo Ceballos mantenía actividades políticas en la Huasteca, un escenario que reavivó las críticas hacia su administración por la atención que reciben los problemas de seguridad y los compromisos pendientes con las víctimas del caso Rich.

La madrugada de este domingo, vecinos de Infonavit Morales reportaron una riña entre grupos rivales, detonaciones de arma de fuego y el incendio de un vehículo en plena vía pública. Habitantes difundieron videos del automóvil envuelto en llamas y denunciaron que la presencia de las corporaciones de seguridad ocurrió cuando el conflicto ya había terminado. Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha informado si hubo personas detenidas, lesionadas o las causas que originaron los hechos, lo que incrementó la incertidumbre entre los habitantes de la zona.

La violencia registrada en Infonavit Morales y el reclamo de los padres del caso Rich coincidieron con la agenda política del alcalde Enrique Galindo fuera de la capital, reavivando los cuestionamientos sobre las prioridades de su administración.

La nueva noche de violencia coincidió con la presencia del alcalde en la Huasteca, donde sostuvo actividades de carácter político, una decisión que también fue cuestionada por los padres de las víctimas de la tragedia ocurrida en el antro Rich. Los familiares acusaron que Galindo incumplió la reunión a la que él mismo los había convocado para revisar la aplicación del reglamento aprobado tras el colapso del barandal, al que atribuyen la posibilidad de evitar nuevas tragedias.

Ramón Infante Guerrero, padre de una de las víctimas, señaló que el edil privilegió un acto político sobre el encuentro con las familias afectadas y calificó esa decisión como una muestra de desinterés y de “doble discurso”. Además, reprochó que el reglamento continúe sin aplicarse y que permanezcan pendientes los mecanismos de supervisión prometidos para bares y centros nocturnos.

Mientras la violencia vuelve a ocupar las calles y las familias del caso Rich siguen esperando respuestas, la administración municipal enfrenta nuevos cuestionamientos sobre sus prioridades y la capacidad para atender los problemas que más preocupan a los potosinos.

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