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• Su proyecto llega al Congreso del Estado con ajustes que profundizan la carga fiscal para familias, comercios y sectores productivos, especialmente mediante incrementos al predial y nuevas modalidades.
La propuesta de Ley de Ingresos 2026 presentada por Enrique Galindo muestra una administración concentrada en obtener más recursos, incluso cuando el discurso oficial mantiene al alcalde en giras permanentes y promocionales y no generando un progreso real en la ciudad. El documento propone cambios que elevan el costo de vivir, producir y operar en la capital, siendo el predial la pieza central de esta reingeniería recaudatoria.
El predial habitacional para 2026 crece no solo en cuotas fijas, sino también en el número de rangos y factores aplicables. Lo que antes eran siete niveles se convierte ahora en 13, lo que permite al ayuntamiento segmentar más finamente los valores catastrales y elevar progresivamente el monto final a pagar. En casos concretos, un inmueble valuado en 1.5 millones terminará pagando alrededor de 5 por ciento más que en 2025, producto del incremento tanto de la cuota fija como del factor marginal. La estructura está diseñada para que absolutamente todos los valores salgan más caros.
En el caso de predios comerciales, la fórmula se mantiene, pero con ajustes que también resultan más gravosos. Aunque algunas tasas marginales disminuyen ligeramente, las cuotas fijas incrementan y modifican el saldo final. Para un predio de siete millones, por ejemplo, la cuota fija aumenta más de mil pesos, lo que genera un incremento real de más del 13 por ciento en el pago total del impuesto. En términos simples, el ayuntamiento se asegura de cobrar más incluso cuando simula suavizar la tasa.
El predial rústico también se somete a una ampliación relevante. Para 2026 se crean dos nuevas modalidades que antes no existían, como predios de uso industrial o agroindustrial y predios de uso comercial o turístico, dentro de la categoría ejidal. Ambos esquemas aplican tasas de 1.0500 y 1.5450 al millar respectivamente, abriendo un frente de cobro que no estaba contemplado en la versión previa. Esto significa que zonas productivas y ejidales, tradicionalmente con esquemas más estables o preferenciales, ahora tendrán que pagar bajo criterios más estrictos y con tarifas diferenciadas según el tipo de aprovechamiento del predio.
Además, se incorpora el cobro específico para predios industriales dentro de la categoría general del predial, estableciendo una tabla propia para este tipo de inmuebles. Esta tabla contiene desde cuotas fijas más altas hasta factores que incrementan el monto conforme aumenta el valor del predio. Es la primera vez que el ayuntamiento introduce un mecanismo de cálculo exclusivo para el sector industrial, lo que consolida una tendencia a ampliar la base de contribuyentes y a diversificar los escenarios de cobro.
En otros rubros sensibles, como los servicios funerarios, también hay incrementos. Los ajustes van de 2 a 5 UMAs adicionales en múltiples servicios, lo que representa alzas aproximadas de 500 pesos. La actualización se presenta como un ajuste inflacionario, pero carece de explicaciones que detallen “por qué” estos servicios, indispensables y socialmente sensibles, se encarecen.
En suma, la Ley de Ingresos 2026 no solo revela la intención del alcalde Enrique Galindo de recaudar más, sino también su desconexión con los costos que esa estrategia impone a las familias, comercios y sectores productivos de San Luis Potosí. Mientras presume recorridos y viajes, el documento que envió al Congreso deja claro que el próximo año será más caro para todos.
