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- Más de 140 colonias continúan secas pese al desembolso.
Reportes financieros del organismo intermunicipal Interapas y auditorías promovidas por organizaciones civiles como Ciudadanos Observando revelan el monumental fracaso de la política hídrica en la capital potosina.
Bajo la gestión del alcalde Enrique Galindo Ceballos, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno del organismo, el reparto de agua mediante camiones cisterna privados se ha transformado en un barril sin fondo de recursos públicos que no soluciona el problema de raíz.
En los últimos 5 años, ha pagado más de 323 millones de pesos supuestamente en renta de pipas de agua que no surten al total de la población necesitada. Mientras tanto, se sigue cobrando los recibos de agua con aumento a la tarifa proyectado en 2027.
Mientras que más de 140 colonias permanecen secas y con serios problemas de desabasto, el dinero de los contribuyentes fluye a manos llenas hacia contratos exprés de arrendamiento.
Las cifras oficiales exponen el tamaño del dispendio, Interapas destina anualmente entre 60 y 70 millones de pesos única y exclusivamente a la operación y renta de pipas “para mitigar” los constantes colapsos del acueducto El Realito.
Al revisar el gasto acumulado en el concepto de “Fletes y Maniobras” (Reparto Gratuito de Agua), reportes de fiscalización constatan que el organismo ha pagado de forma directa la alarmante suma de 323.3 millones de pesos para el reparto de agua en camiones cisterna en el periodo comprendido entre el año 2021 y agosto de 2026.
Esta cifra supera por mucho los raquíticos 169.9 millones de pesos invertidos en ese mismo lapso de cinco años para infraestructura y desarrollo de redes de distribución estables.
Es decir, se gasta el doble en parches temporales que en soluciones definitivas.
A pesar de que el alcalde Enrique Galindo firma y avala estos convenios de emergencia, la fiscalización social y diputados locales de la Comisión de Vigilancia han denunciado graves esquemas de opacidad. El caso más escandaloso involucra a la empresa Grupo Saserro, la cual recibió más de 265 millones de pesos en contratos bajo sospecha de licitaciones amañadas, generando un presunto daño patrimonial de 84.8 millones de pesos debido a sobrecostos del 32% por metro cúbico.
A esto se suman observaciones a particulares como Leticia Medina Pineda, cuyos contratos modificaron la modalidad de cobro de renta de pipa por día a cantidad de agua entregada, abriendo sospechas de desvíos.
El drama social se agrava en puntos críticos de la periferia y zonas como la Avenida Juárez, donde los bloqueos ciudadanos son constantes. La población potosina enfrenta una doble afectación: se ve obligada a desembolsar hasta 3,600 pesos mensuales comprando agua a particulares debido a que las pipas oficiales nunca llegan, al mismo tiempo que Interapas les exige el pago puntual de un recibo bimestral por un servicio inexistente.
Enrique Galindo e Interapas han operado un millonario negocio de simulación. Han gastado cientos de millones de pesos de recursos públicos sin garantizar el acceso constitucional al agua potable, beneficiando a contratistas privados mientras condenan a miles de familias potosinas al desabasto permanente.
El apunte:
El alcalde Enrique Galindo ha gastado 323 millones de pesos del erario público en renta de pipas que no solucionan el desabasto de agua.
Esta cantidad supera tres veces el costo del paso a desnivel construido en Himalaya, donde el edil reportó inicialmente un costo de 100 millones de pesos.
