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- El TFJA confirmó el crédito fiscal impuesto al Gobierno de San Luis Potosí por el SAT; aún puede promover un amparo directo.
AGENCIA REFORMA
Un tribunal federal confirmó este miércoles una deuda de mil 615 millones de pesos del Gobierno de San Luis Potosí con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por no entregar Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a trabajadores estatales.
La deuda es una herencia del ex Gobernador priista Juan Manuel Carreras, quien dejó el puesto en 2021, pues fue generada durante el ejercicio de 2018.
Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) rechazó los argumentos del Gobierno estatal y confirmó la legalidad de la resolución del SAT que fincó el crédito fiscal, mismo que incluye multas, actualizaciones y recargos.
La sentencia del TFJA no es definitiva, pues el Ejecutivo estatal la puede impugnar mediante amparo directo, ante un tribunal colegiado en materia administrativa.
Durante la sesión pública de la Sala Superior, el Magistrado Eduardo Santillán explicó brevemente que el Gobierno estatal no acreditó que los pagos a trabajadores que generaron la controversia cumplían con los requisitos de la Ley del ISR para clasificarlos como exentos de dicho impuesto.
Destacó, además, que el SAT hizo varios requerimientos a autoridades estatales para subsanar las irregularidades que estaba observando, mismos que no fueron atendidos.
El monto del pasivo con el SAT es significativo para las finanzas estatales, si se considera que la deuda total de San Luis Potosí al cierre de marzo de 2026 ascendía a 12 mil 157 millones de pesos.
En abril pasado, maestros jubilados de telesecundaria adscritos a la Secretaría de Educación estatal, protestaron en San Luis Potosí porque el ISR retenido a sus pensiones no se había pagado al SAT, pero no está claro que este caso sea el mismo que originó el crédito confirmado hoy por el TFJA.
Los litigios de gobiernos estatales contra el SAT son relativamente frecuentes. El TFJA, por ejemplo, tiene pendiente resolver una demanda del Gobierno de Nuevo León para anular un crédito fiscal de 6 mil 292 millones de pesos, también por no entregar retenciones de ISR.
