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San Luis Potosí.— El problema de las ladrilleras no es nuevo, pero cada vez pesa más en el aire que respira la ciudad. La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) aceptó que las clausuras y operativos no han sido suficientes para frenar la contaminación que generan estos hornos artesanales.
La razón es cruda: muchas familias dependen de esta actividad como único ingreso. Y cuando no hay para gas o combustibles más limpios, lo que arde es lo que haya: basura industrial, plásticos, cables, residuos electrónicos y hasta medicamentos caducos. Lo barato sale caro… sobre todo para los pulmones de quienes viven cerca.
Según la autoridad ambiental, durante el último año se realizaron más de 370 clausuras. Pero el ciclo se repite: se cierra, se reabre y el humo vuelve a subir. La titular de SEGAM, Sonia Mendoza Díaz, reconoció que el enfoque punitivo ha quedado corto frente a una realidad social donde la sobrevivencia manda.
Ahora el plan es distinto: construir una nueva norma técnica junto con especialistas y universidades, modernizar los procesos y migrar a hornos menos contaminantes. El reto no es menor. Se necesita voluntad política de los ayuntamientos para regular usos de suelo y, sobre todo, recursos para financiar la transición.
Porque el problema no es solo ambiental, también es social. Entre el derecho a un aire limpio y el derecho a llevar comida a casa, San Luis Potosí enfrenta un dilema que no se resuelve solo con candados y sellos de clausura.
