Tras Bambalinas
Por Juan de la Plaza
La irrupción de la inteligencia artificial en la vida pública abrió un debate inevitable sobre los límites entre la libertad de expresión, la crítica política y la manipulación digital. En San Luis Potosí, ese debate dejó de ser teórico desde el momento en que comenzaron las primeras detenciones derivadas de la aplicación del artículo 187 Ter del Código Penal del Estado, una reforma que sanciona la alteración, suplantación o creación ilícita de imágenes, videos e identidades digitales mediante herramientas tecnológicas.
La discusión es legítima y necesaria, pero también ha sido contaminada por quienes pretenden vender el caso como un supuesto atentado contra el periodismo. Y ahí empieza el problema.
En México existe una peligrosa costumbre: cualquier persona con una página de Facebook, un micrófono improvisado o una cuenta anónima de TikTok se autoproclama periodista. Peor aún, operadores políticos de distintos grupos han encontrado en las redes sociales un terreno fértil para disfrazar campañas negras, extorsiones y propaganda bajo el falso manto de la libertad de expresión.
No es periodismo fabricar audios con inteligencia artificial para denigrar personas. No es periodismo manipular videos para simular declaraciones. No es periodismo operar desde el anonimato mientras se recibe línea, dinero o protección de actores políticos o incluso de grupos criminales. Eso tiene otro nombre: guerra sucia digital.
Por eso resulta irresponsable que algunas organizaciones defensoras de periodistas hayan reaccionado con premura, sin revisar expedientes, sin verificar antecedentes y sin distinguir entre un comunicador y un operador político encubierto. Defender la libertad de prensa no puede significar otorgar patente de impunidad a cualquiera que se diga “periodista” mientras ejecuta campañas de difamación.
La propia Fiscalía General del Estado ha sostenido que las detenciones recientes no derivan de críticas al poder ni de publicaciones incómodas, sino del presunto uso ilícito de herramientas de inteligencia artificial para vulnerar identidades y reputaciones. Y hay un dato que muchos omiten deliberadamente: dos de las personas señaladas ni siquiera ejercen el periodismo; una de ellas estaría vinculada al propio gobierno capitalino. El tercero arrastra señalamientos que lo colocan más cerca de estructuras delincuenciales que del ejercicio informativo.
Ahí está el centro del debate.
Porque una democracia necesita prensa crítica, incómoda y frontal, pero también necesita responsabilidad. La libertad de expresión jamás ha sido un derecho absoluto; tiene límites cuando invade derechos de terceros, cuando construye montajes falsos o cuando utiliza tecnologías para destruir reputaciones mediante engaños deliberados.
Durante años, el anonimato digital fue utilizado como refugio para golpear sin consecuencias. Granjas de bots, páginas fantasma y perfiles falsos se convirtieron en herramientas cotidianas de la política mexicana. Lo mismo servían para atacar adversarios que para fabricar tendencias artificiales o intoxicar la conversación pública. Muchos de esos operadores hoy pretenden envolverse en la bandera del periodismo para evitar responder ante la ley.
El riesgo, por supuesto, existe: cualquier legislación puede ser mal utilizada si no hay equilibrio institucional ni vigilancia ciudadana. Por eso la aplicación de esta reforma deberá sostenerse siempre en pruebas periciales, debido proceso y transparencia absoluta. La línea entre combatir la violencia digital y perseguir la crítica legítima no puede cruzarse jamás.
Pero tampoco se puede normalizar el uso criminal de la inteligencia artificial bajo el argumento de “libertad”. Porque entonces no estaríamos defendiendo al periodismo, sino protegiendo a mercenarios digitales que encontraron en la tecnología una nueva forma de operar políticamente desde las sombras.
