🔊 Escuchar esta nota informativa:
Staff / El Mañana
Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado propone exentar del pago por servicios de arrastre y pensión a las personas cuyos vehículos hayan sido robados y posteriormente recuperados por las autoridades, con el propósito de evitar una afectación económica adicional a las víctimas.
La propuesta, presentada por la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, plantea reformar la Ley de Tránsito del Estado para establecer que, una vez acreditada la denuncia por robo o robo equiparado, los propietarios no deban cubrir los costos derivados del traslado y resguardo de la unidad en depósitos vehiculares.
La legisladora argumentó que el aseguramiento de estos vehículos responde al desarrollo de una investigación penal y no a una infracción administrativa atribuible al propietario, por lo que trasladarle esos gastos representa una carga económica injustificada y un acto de revictimización institucional.
La iniciativa también expone que la permanencia prolongada de unidades en corralones genera problemas operativos y puede ocasionar deterioro, pérdida de piezas y depreciación de los vehículos, además de implicaciones para las autoridades responsables de su resguardo.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes para su análisis.
