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Ciudad de México 8 septiembre 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero inició una indagatoria sobre un presunto esquema de cobro ilegal de cheques y falsificación de firmas al interior del Congreso local.
Según consta en la carpeta de investigación 12020090101208310826 y documentos en poder de Grupo REFORMA, la institución emitió el oficio 20053 a la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso guerrerense para exigir información detallada sobre la emisión, aprobación y cobro de 50 documentos bancarios expedidos a nombre de la legisladora morenista Guadalupe García Villalva.
La autoridad dio un plazo de tres días hábiles para recibir antecedentes laborales, adscripciones, horarios y domicilios de ocho empleados del recinto legislativo vinculados con las maniobras financieras.
El requerimiento de la representación social busca esclarecer posibles conductas constitutivas de abuso de confianza, entre otros ilícitos.
“Lo anterior, ya que dicha información y documentos son indispensables para la debida integración y perfeccionamiento de la Carpeta de Investigación que nos ocupa, la cual se instruye por hechos con apariencia de los delitos de abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación o alteración y uso indebido de documento, fraude y peculado, en agravio de Guadalupe García Villalva”, detalla el oficio de la representación social.
Entre los señalados figuran Esli Joanan Navarrete Cisneros y Héctor Avilés Cruz, este último suplente del ex presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Urióstegui García (Morena), a quienes según fuentes, legisladores atribuyen la firma mancomunada para la expedición de los pagos.
Testimonios recabados entre los integrantes de la Legislatura refieren que la afectación financiera alcanza a 21 congresistas de diversas bancadas partidos políticos.
Las irregularidades se habrían gestionado desde el área financiera durante la gestión de Urióstegui García al frente del órgano de gobierno, periodo en el que persisten montos pendientes de comprobación por más de 15 millones de pesos correspondientes al primer semestre del año.
El actual presidente de la Junta de Coordinación Política, Joaquín Badillo Escamilla, de Morena, fijó postura sobre el avance del expediente administrativo y penal en el recinto estatal.
“No voy a solapar a nada ni a nadie”, aseveró el coordinador parlamentario tras hacerse públicas las notificaciones del Ministerio Público.
Las diligencias buscan determinar la validez de los endosos, las personas físicas que hicieron efectivos los cobros en ventanilla y el resguardo de los documentos originales para practicar los peritajes grafoscópicos correspondientes.
