🔊 Escuchar esta nota informativa:
Staff / El Mañana
La pugna por bienes patrimoniales surge como la principal línea de investigación tras el hallazgo sin vida de tres integrantes de una familia en San Luis Potosí.
Las autoridades estatales confirmaron que el móvil detrás de la muerte de tres personas en el municipio de Santa María del Río podría estar vinculado a un conflicto legal por propiedades. Las víctimas, quienes habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 28 de julio, fueron localizadas sin vida tras semanas de incertidumbre para sus allegados.
El gobernador del estado reveló que las primeras indagatorias ministeriales apuntan directamente hacia intereses económicos familiares. La falta de acuerdos sobre el patrimonio de los afectados habría escalado hasta convertirse en el detonante de este violento crimen que cimbró a la comunidad potosina en plena temporada vacacional.
Derivado de estos avances en la carpeta de investigación, la Fiscalía General del Estado concretó la captura de un familiar directo. El sospechoso permanece bajo custodia ministerial mientras los peritos analizan las pruebas científicas que permitan definir su grado de participación en la ejecución múltiple de los adultos mayores y su hijo.
A pesar de la fuerte hipótesis sobre el pleito de bienes raíces, el organismo procurador de justicia aclaró que aún no se puede oficializar este motivo como el único detonante. Las diligencias continúan su curso para descartar o sumar otras líneas de indagatoria que expliquen con precisión cómo operó el o los agresores.
El caso comenzó a investigarse formalmente luego de que Ignacio Montejano Rodríguez y Elena Niño Celaya, ambos de 79 años, junto con su hijo Ignacio Montejano Celaya de 55 años, perdieran contacto con sus seres queridos. Sus cuerpos fueron ubicados días después dentro de la demarcación antes mencionada, activando los protocolos de homicidio calificado.
Por otra parte, surgieron versiones extraoficiales sobre las dinámicas exactas del ataque armado, mismas que fueron reservadas por el ejecutivo estatal. Al carecer de un aval pericial definitivo por parte de los fiscales encargados del caso, los detalles específicos sobre la mecánica de los asesinatos se mantienen bajo estricto sigilo institucional.
Las indagatorias seguirán abiertas durante los próximos días para esclarecer por completo el paradero de los bienes en disputa y asegurar que todos los involucrados enfrenten a la justicia. La Fiscalía reiteró su compromiso de esclarecer el crimen para evitar la impunidad en este trágico suceso que enlutó a la región.
