Staff/ El Mañana
Aquismón.- La inconformidad y el reclamo social dominaron la reunión realizada en el Juzgado de Tampaxal, donde jueces auxiliares y representantes de comunidades indígenas confrontaron a funcionarios federales para exigir explicaciones sobre millones de pesos que presuntamente no fueron entregados para obras de infraestructura social en la Huasteca Sur.
Durante el encuentro, la Directora Regional de los Programas para el Bienestar, Arely García Antonio, fue cuestionada sobre el destino de parte de los 7 millones de pesos asignados a ocho comunidades indígenas beneficiarias, recurso correspondiente al ejercicio 2025 que hasta ahora no llega a las localidades.
Los representantes comunitarios insistieron en obtener una respuesta clara sobre si el dinero será entregado o no. Sin embargo, la funcionaria evitó responder directamente y únicamente afirmó que “el recurso 2026 va a llegar”, lo que provocó molestia entre los asistentes, quienes recalcaron que el reclamo corresponde al presupuesto actual y no al siguiente año.
“Nosotros no estamos peleando el 2026, estamos peleando el 2025”, reclamaron autoridades indígenas durante la reunión, donde también señalaron falta de transparencia y posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a pueblos originarios.
Posteriormente, Arely García Antonio argumentó que el dinero presuntamente fue regresado a la Secretaría de Hacienda, aunque no presentó documentación oficial que comprobara dicha versión. La respuesta incrementó el descontento de los jueces auxiliares, quienes exigieron claridad y acusaron evasivas por parte de las autoridades federales.
Al encuentro también fue convocado Mario Godoy, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien no acudió pese a los señalamientos ciudadanos relacionados con presuntas irregularidades y posible desvío de recursos.
Mientras tanto, ocho comunidades indígenas continúan esperando recursos prometidos para obras prioritarias, en medio de un ambiente de incertidumbre y creciente desconfianza hacia las dependencias encargadas de administrar apoyos federales.
