- La posible salida de municipios exhibió el tamaño del negocio político, financiero y administrativo que representa el control del agua en la zona metropolitana.
Staff/ El Mañana
En Interapas ya no se sabe qué está más seco: las presas… o las finanzas. Lo único que sigue fluyendo con sorprendente puntualidad son los cobros, las nóminas y los intereses políticos alrededor del organismo operador.
Detrás del discurso de “autonomía municipal” y la separación metropolitana, comenzó a destaparse una realidad incómoda: perder a Soledad de Graciano Sánchez no sólo significa perder usuarios… significa perder millones. Y cuando el dinero amenaza con irse por la tubería, el drama político aparece más rápido que una pipa en campaña.
Especialistas advierten que la capital podría resentir un boquete anual de hasta 270 millones de pesos, además de quedarse sola pagando plantas de tratamiento, consumo eléctrico, fugas eternas y las ya tradicionales tragedias hidráulicas de El Realito, ese acueducto que cobra como Ferrari y funciona como vocho desvielado.
Pero el tema dejó de ser solamente técnico cuando comenzaron los cuestionamientos sobre quién controla realmente la estructura administrativa y financiera del organismo. Porque en política el agua no sólo moja… también financia.
Las críticas alcanzan directamente al entorno de Enrique Galindo Ceballos, en medio de señalamientos sobre presuntos espacios estratégicos ocupados por perfiles cercanos al grupo político del alcalde.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen atrapados en la parte más cruel del espectáculo: recibos cada vez más caros, agua cada vez más escasa y una guerra política donde todos pelean por la tubería… menos por resolver el problema.
Porque al final, en el Interapas no quieren cerrar la llave… del dinero.
