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Staff / El Mañana
Una periodista de la capital potosina denunció haber sido detenida de manera presuntamente arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del ayuntamiento de San Luis Potosí, luego de verse involucrada en un percance vial menor. Un episodio que, por lo visto, ameritó más patrullas que muchos delitos que a diario quedan sin atender.
Según la versión de la afectada, el hecho se desarrollaba conforme al manual: la aseguradora asumió los daños, existía acuerdo entre las partes y la persona que viajaba en la motocicleta aceptó atención médica y otorgó el perdón correspondiente. Incluso, una agente de la Policía Vial informó que la situación estaba resuelta y que el trámite avanzaba sin complicaciones. Todo en orden… hasta que dejó de estarlo.
Pese a ello, otro elemento decidió “esperar instrucciones” de su superior, el comandante Juan Antonio Villa Gutiérrez. La orden —de acuerdo con la denunciante— fue proceder a la detención. El resultado: un despliegue desproporcionado con al menos cuatro patrullas para un asunto ya controlado, sin riesgo y con las partes en acuerdo. Al parecer, cuando se trata de una periodista, la contundencia sí aparece.
El caso encendió la indignación de ciudadanos y del gremio periodístico, que se preguntan por qué esa misma eficacia no se observa contra quienes realmente delinquen. La escena alimenta la percepción de una seguridad “selectiva”: dura con quien estorba y blanda con lo que verdaderamente lastima a la ciudad.
La comunicadora responsabilizó de cualquier afectación a su integridad al alcalde Enrique Galindo Ceballos y al propio comandante Villa Gutiérrez, al señalar que las autoridades cuentan con su documentación personal tras la intervención. En San Luis Potosí, parece, la mano dura se aplica cuando conviene.
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