- En el gasto de 2022 están por fincarse responsabilidades, advierte el auditor estatal.
Agencia REFORMA
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una doble crisis: la inseguridad interna tras la denuncia de la violación de una estudiante dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho, y una crisis de transparencia, luego de que las máximas autoridades universitarias se niegan a rendir cuentas del uso de recursos públicos.
Rodrigo Lecourtois, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), advirtió que la Universidad está al borde del colapso político y moral.
“Los alumnos tomaron las Facultades, hubo marchas, se cerraron las principales vialidades por los hechos del viernes 17 de octubre. Fue (la agresión) dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho. Alumnos que estaban tomando y drogándose. Ahí ocurrió todo. Muy grave, muy lamentable”.
La indignación estalló y en sus protestas exigieron protocolos reales contra la violencia sexual pero también la salida de funcionarios. La Facultad de Derecho “Ponciano Arriaga Leija” ya enfrentó renuncias internas tras el ataque.
“Es consecuencia de que no han atendido políticas públicas”, advierte Lecourtois.
La UASLP está bajo el mando del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra —reelecto para el periodo 2024-2028—, acompañado por el secretario general Federico Arturo Garza Herrera; la abogada general Urenda Queletzú Navarro Sánchez; y la ahora destituida titular de Derechos Universitarios, Magdalena Beatriz González Vega. Ésta última fue removida el 21 de octubre de 2025 en medio de la presión estudiantil.
Para el auditor, la omisión en el caso de la estudiante agredida y la cerrazón financiera forman parte de la misma cultura institucional: cerrar filas, negar el problema, patear el costo social hacia abajo.
“El rector se fue a litigar en la Corte mientras aquí ardía la universidad”, acusó.
“Quiso ir a gestionar la resolución de la Corte, que a final de cuentas fue adversa de todos modos. Y mientras tanto, ¿quién cuidó a los alumnos? ¿Quién atendió a la víctima? Quien pierde son los alumnos, que son el alma de la universidad”.
En tanto, las protestas de estudiantes exigen “un alto al encubrimiento”.
La batalla por ocultar las cuentas
La universidad, explica Lecourtois, rompió una tradición histórica.
Refirió que la UASLP siempre había sido auditada por el órgano fiscalizador estatal.
“Nunca hubo resistencia abierta. Las observaciones solían ser menores, un par de millones de pesos o cuatro millones a lo mucho por ejercicio fiscal”, dice. “Eran señalamientos recurrentes —por ejemplo, entrega de dinero en efectivo a alumnado sin comprobación clara—, pero subsanables”.
Eso cambió en 2022, cuando llegó la administración actual del IFSE. Indicó que la Universidad presentó un primer amparo alegando que la entonces auditora superior era “sólo encargada de despacho” y que no tenía facultades.
Fue, en palabras del auditor, “el primer acto de resistencia”. Explicó que luego vinieron más recursos legales.
“Un segundo amparo, dos juicios de nulidad ante tribunales administrativos estatales (uno desechado por extemporáneo, otro por notoriamente improcedente), un amparo indirecto que terminó re encausado y luego desechado, y hasta una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, reprochó.
“Todos los intentos buscaban lo mismo: que la UASLP no pudiera ser fiscalizada por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Todos fracasaron”, sostuvo Lecourtois.
Desglosó que aquí entró el punto que reventó políticamente a la Universidad, pues la Suprema Corte ya determinó -en un proyecto y sentencia de la ministra Yasmín Esquivel, según el auditor- que la UASLP es un organismo público descentralizado del gobierno del estado.
“Eso, traducido, significa dos cosas: uno, que recibe y ejerce recursos públicos, y dos, que debe rendir cuentas. ¿Qué nos dice la Corte? Que la universidad, administrativamente, es parte del gobierno, que es una institución pública, que tenemos que fiscalizarla, que tienen que rendir cuentas”, subrayó Lecourtois.
Aun así, acusó que la respuesta interna de la universidad ha sido la misma, de “no vamos a entregar absolutamente nada. Somos autónomos. Tenemos contraloría propia”, ironizó.
“Esa contraloría la nombran ellos mismos. Hazme el favor”, remató.
El IFSE está ahora en la fase de sustanciación del ejercicio 2022, si no entregan comprobación, advierte, se les va a fincar responsabilidad personal, advirtió.
Recordó que la Universidad recibe alrededor de 600 millones de pesos al año”, según el auditor.
“Al no presentar documentación comprobatoria, si no entregan facturas, contratos, soportes, todo el gasto queda bajo sospecha”, lanzó el fiscalizador.
“Esa línea ya alcanza tres ejercicios: 2022, 2023 y 2024. Son aproximadamente 600 millones de pesos por año. Es decir, casi mil 800 millones de pesos en total que, hasta hoy, siguen sin transparentarse”, abundó.
