🔊 Escuchar esta nota informativa:
Staff / El Mañana
La fe volvió a colocarse en el centro del debate, aunque esta vez no por cuestiones espirituales, sino económicas. El vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, reconoció que la Diócesis mantiene un arancel con cuotas para la administración de sacramentos y confirmó que las asociaciones religiosas cuentan con beneficios fiscales contemplados en la legislación mexicana.
Las declaraciones dieron fuerza a una discusión que durante años ha acompañado a miles de fieles: si los sacramentos representan la gracia de Dios, ¿por qué existe una lista de cuotas para bautizos, matrimonios, confirmaciones y otros servicios religiosos? Aunque la Iglesia sostiene que se trata de aportaciones para el sostenimiento de las parroquias y asegura que nadie debe quedarse sin recibir un sacramento por falta de dinero, la existencia de montos previamente establecidos sigue generando inconformidad.
El propio sacerdote también admitió que los ingresos provenientes de diezmos, limosnas, donativos y cuotas relacionadas con el culto pueden acceder a un régimen fiscal preferencial cuando se destinan a fines religiosos.
La combinación de cobros por servicios religiosos y beneficios fiscales volvió a despertar cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos eclesiásticos y sobre el equilibrio entre la misión pastoral y la administración económica de la Iglesia.
Para muchos creyentes, el verdadero dilema no es cuánto cuesta un sacramento, sino que la fe termine acompañada de una tarifa que, aunque se llame “aportación”, para muchos deja de sentirse voluntaria.
