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El Ministerio Público y el INPI vigilarán la entrega de 150 hectáreas a familias náhuatl y tének en Agua Fría; advierten sanciones penales por desacato.
Un conflicto agrario en la Huasteca tomó un giro legal definitivo. Un Tribunal Federal emitió un fallo que obliga a devolver de forma inmediata las tierras y viviendas del Rancho La Peña, ubicado en la localidad de Agua Fría, a las familias de las etnias náhuatl y tének que habían sido expulsadas a inicios de junio. Para asegurar el cumplimiento de la sentencia y respetar los derechos de los afectados, el Ministerio Público coordinará las acciones con el apoyo de intérpretes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
La resolución es la respuesta legal al operativo violento que dejó a cerca de 100 familias en la calle, tras ser removidas de una superficie de 150 hectáreas. Los representantes de los comuneros afectados detallaron que la expulsión forzada se consumó de manera injustificada, ya que en ese momento se mantenían mesas de negociación activas con los representantes de la administración estatal para destrabar el litigio de la propiedad.
La intervención de la justicia federal ocurre después de que los pobladores interpusieran las denuncias correspondientes por la pérdida de su patrimonio, argumentando que durante el desalojo sus casas fueron quemadas y sus pertenencias saqueadas, responsabilizando directamente a las autoridades locales del ayuntamiento. Ante esto, el juez de la causa fue enfático al señalar que cualquier intento de retrasar o bloquear la entrega del terreno tipificará como delito, lo que generaría responsabilidades penales y administrativas para los funcionarios involucrados.
