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Octavio César Mendoza
Hay síntomas de hartazgo social que un gobierno decide ignorar porque reconocerlos implicaría aceptar que algo no funciona, y eso pasa en México. Las protestas de trabajadores del sector salud pertenecen a esa categoría incómoda. Son la alarma encendida en el tablero de un sistema que presume transformaciones históricas mientras sus operadores denuncian falta de insumos, incertidumbre laboral y cargas de trabajo crecientes.
La paradoja resulta difícil de ocultar: Morena llegó al poder prometiendo un sistema sanitario comparable con los mejores del mundo. Ocho años después, el discurso oficial sigue hablando de consolidación, pero el personal médico y de enfermería continúa saliendo a las calles para reclamar algo mucho más elemental: condiciones mínimas para trabajar.
Las manifestaciones recientes no son únicamente una disputa gremial. Son el síntoma visible de una tensión financiera que ha comenzado a recorrer toda la estructura pública. El gobierno enfrenta una realidad que ya no puede posponer: el dinero no alcanza para sostener simultáneamente el ritmo del gasto social, los megaproyectos heredados, el servicio de la deuda y la expansión burocrática comprometida durante los años electorales.
Por eso la palabra de moda en los círculos hacendarios es “ajuste”. No se le llama recorte porque políticamente suena incorrecto. Sin embargo, cuando una dependencia recibe menos recursos de los esperados, congela plazas o posterga pagos a proveedores, el efecto es exactamente el mismo. La diferencia es semántica, no presupuestal.
El problema es que la salud pública no funciona con narrativas. Un hospital no opera mejor porque cambie el nombre de la institución. Tampoco mejora porque una conferencia mañanera asegure que todo marcha conforme a lo planeado. Funciona cuando hay medicamentos, mantenimiento, personal suficiente y cadenas de suministro eficientes. Cuando alguno de esos elementos falla, la presión termina acumulándose en el último eslabón: médicos, enfermeras, camilleros y trabajadores administrativos.
La prisa de Morena por ajustar cuentas puede entenderse desde la lógica fiscal. El déficit heredado de los años recientes obliga a una corrección. Lo preocupante es dónde se está aplicando el bisturí. Recortar en áreas operativas para preservar compromisos políticos ofrece alivio inmediato, pero genera costos diferidos. Es la clase de decisión que luce razonable en una hoja de cálculo y desastrosa en una sala de urgencias.
Mientras tanto, la dirigencia oficial parece confiar en que el desgaste será administrable. Quizá lo sea durante algunos meses, quizá incluso durante un par de años; pero los sistemas públicos rara vez colapsan de un día para otro. Se deterioran lentamente, acumulando pequeñas fallas hasta que una crisis las vuelve imposibles de disimular.
Ahí aparece la fecha que debería preocupar a más de uno: 2027. No porque exista una profecía presupuestal ni porque alguien pueda anticipar un derrumbe exacto del sistema. Más bien porque para entonces convergerán varios factores de riesgo: infraestructura envejecida, demandas laborales pendientes, presiones financieras persistentes y una población que seguirá envejeciendo, enfermando y encabronándose.
Las protestas actuales son, en ese sentido, una temprana mentada de madre al oficialismo. El gobierno puede optar por descalificarlas, minimizarlas o atribuirlas a intereses políticos. También puede escuchar lo que realmente dicen, porque detrás de cada pancarta hay una pregunta incómoda: si hoy faltan recursos para operar con normalidad, ¿qué ocurrirá cuando la presión fiscal sea todavía mayor?
La respuesta no está en los discursos ni en Dinamarca, sino en el presupuesto. Y los números, a diferencia de la propaganda, tienen la mala costumbre de terminar imponiendo su frialdad de cadáver.
