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Notarios enfrentan capacitación obligatoria y vigilancia estricta.
Foto: Especial
San Luis Potosí. — La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, se ha convertido en un verdadero reto para los notarios públicos del estado, quienes están ahora en el ojo del huracán por su papel central en actos que pueden esconder recursos de origen dudoso.
Según Juan Carlos Barrón Cerda, presidente del Colegio de Notarios Públicos de San Luis Potosí, la implementación de esta legislación, que entró en vigor en septiembre pasado y busca frenar el uso del sistema legal para blanquear dinero, obliga a los notarios a tener ojos bien abiertos ante cualquier operación que pudiera tener origen ilícito y reportar cualquier movimiento sospechoso.
Esto implica un cambio importante en la práctica notarial, ya que los profesionales deben identificar e informar a las autoridades sobre transacciones que tradicionalmente habrían pasado desapercibidas, como compraventas de bienes inmuebles, constitución de fideicomisos o movimientos financieros de alto monto.
El reto no es menor: la propia ley contempla multas millonarias e incluso prisión para quienes incurran en omisiones o no cumplan con las disposiciones de la normativa, lo que ha encendido alarmas entre los fedatarios.
Para enfrentar esta realidad, desde el año pasado se han llevado a cabo capacitaciones dentro del sistema notarial estatal, con el objetivo de dotar a los notarios de las habilidades necesarias para cumplir con estas nuevas obligaciones y evitar errores que podrían costarles caro.
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