Cesar Cedillo
En San Luis Potosí se ha instalado, con preocupante velocidad, una deformación del ejercicio periodístico que amenaza con erosionar la confianza pública y contaminar el debate democrático. Bajo el amparo de la libertad de expresión, ha proliferado una generación de personajes que se autodenominan periodistas, aunque en los hechos operan como activistas políticos disfrazados de comunicadores. Su dinámica es simple: atacar, descalificar y construir campañas negras desde plataformas digitales donde el escándalo importa más que la verdad y donde la estridencia vale más que la evidencia.
La gravedad del fenómeno radica en que estos perfiles han aprendido a explotar el desgaste social hacia la clase política para convertir cualquier insinuación en “denuncia”, cualquier interpretación personal en “dato duro” y cualquier rumor en “investigación”. El rigor periodístico desaparece frente a la urgencia del “like” y de la viralización. Así, editorializan acontecimientos a conveniencia, acomodan versiones parciales y moldean narrativas destinadas a golpear sistemáticamente a determinados actores públicos, muchas veces alineados con intereses opositores perfectamente identificables.
Cuando las inconsistencias salen a flote o la realidad desmonta sus señalamientos, recurren entonces al libreto de la victimización. Se proclaman perseguidos, censurados o amenazados, intentando trasladar el foco de atención desde la falsedad de sus afirmaciones hacia una supuesta agresión en su contra. El viejo recurso de “hago responsables de lo que me pueda pasar” aparece como escudo recurrente frente a cuestionamientos legítimos sobre la veracidad de lo que difunden. La estrategia busca blindarlos moralmente ante su audiencia y convertir cualquier crítica en prueba de conspiración.
De cara al proceso electoral que se aproxima, el escenario se vuelve todavía más delicado. Surgirán más cuentas improvisadas, más transmisiones incendiarias y más personajes convencidos de que el insulto sustituye al análisis. La desinformación será presentada como valentía y el sensacionalismo como periodismo incómodo. En medio de esa confusión, la sociedad corre el riesgo de perder de vista a quienes sí ejercen el oficio con responsabilidad, ética y sustento documental.
La libertad de expresión es uno de los pilares democráticos más valiosos; convertirla en patente para difamar, manipular o extorsionar políticamente representa una degradación peligrosa. Lo que hoy ocurre en San Luis Potosí no fortalece el debate público: lo intoxica, lo polariza y termina dañando la credibilidad de un gremio indispensable para cualquier sociedad democrática.
