- A pesar de recibir millones de pesos de dinero federal para infraestructura básica, municipios de esta región mantienen altos niveles de población sin servicios esenciales.
Staff/EL MAÑANA
En pleno 2026, miles de habitantes del Altiplano continúan viviendo sin acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad, una carencia que, de acuerdo con organismos oficiales, corresponde atender directamente a los gobiernos municipales, los cuales reciben recursos federales específicos para ello.
El caso más alarmante es el de Guadalcázar, donde 23 mil 512 personas, es decir el 83.7 por ciento de su población, tienen carencias en servicios básicos en sus viviendas.
A pesar de haber recibido en 2025 una asignación de 58.1 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), los recursos no se tradujeron en atención integral de estas necesidades, ya que si bien se destinaron 23.8 millones a obras de agua potable (43.4%), no se invirtió nada en alcantarillado ni electrificación, evidenciando una falta de enfoque en resolver de raíz el problema.
Una situación similar se observa en Vanegas, donde el 26.8 por ciento de la población, es decir 2 mil 63 personas carece de estos servicios.
Aunque el municipio recibió 20.318 millones de pesos del Faismun, solo 4.4 millones fueron destinados a agua potable, sin inversión alguna en drenaje ni electricidad.
En Santo Domingo, con 2 mil 727 personas afectadas el panorama no es distinto: de los 21.8 millones recibidos, apenas 2.9 millones se canalizaron a agua potable, dejando en cero los rubros de alcantarillado y electrificación.
Villa de Ramos presenta también rezagos importantes, con 6 mil 274 personas sin acceso a servicios básicos.
A pesar de contar con 62.8 millones de pesos del Faismun, sólo se destinaron 13.9 millones a agua potable y 4.8 millones a electrificación, mientras que el rubro de drenaje nuevamente quedó sin atención.
En el municipio de Catorce, donde 2 mil 977 personas enfrentan esta carencia, de los 14.9 millones asignados, apenas 2.1 millones se dirigieron a agua potable y 0.8 millones a alcantarillado, sin inversión en electrificación.
El Faismun, es un recurso federal destinado precisamente a combatir el rezago social mediante obras de agua potable, drenaje, electrificación y vivienda.
Sin embargo, los datos reflejan que, aunque los municipios reciben estos recursos año con año, la inversión en servicios básicos sigue siendo limitada o incompleta, priorizando otras obras que no inciden directamente en la mejora de las condiciones de vida más urgentes.
En el contexto estatal, la problemática es significativa.
En San Luis Potosí habitan 2 millones 822 mil 255 personas, de las cuales 540 mil 435, es decir el 18.8 por ciento, carecen de acceso a servicios básicos en la vivienda, de acuerdo con el Censo 2020.
Esta situación pone en evidencia no solo la magnitud del rezago, sino también la responsabilidad directa de los ayuntamientos en su atención, dado que son el primer nivel de gobierno encargado de ejecutar estos recursos.
Aunque en la actual administración estatal se han impulsado esfuerzos para mejorar la infraestructura en regiones históricamente olvidadas como el Altiplano, la realidad es que la atención de servicios básicos sigue dependiendo en gran medida de los municipios y en seis años es imposible resolver más de 30 años de olvido.
La falta de inversión estratégica y de interés en atender estas necesidades esenciales ha frenado el desarrollo de una región que por décadas ha permanecido en el abandono.
Los datos del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026 del Gobierno federal confirman que el rezago persiste, no por falta de recursos, sino por la forma en que estos son ejercidos.
La carencia de agua, drenaje y electricidad no solo refleja desigualdad, sino también decisiones administrativas que continúan postergando el bienestar de miles de potosinos.
