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-Llaman al orden a legisladores Carlos Arreola y Frinne Azuara
Staff/El Mañana
La muerte violenta del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ha desatado una profunda crisis a nivel nacional y se trasladó con fuerza al pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí, donde los diputados locales elevaron el tono del debate en una sesión marcada por la indignación y la exigencia de rendición de cuentas.
El edil independiente de Uruapan fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025 durante el tradicional Festival de las Velas en la plaza central del municipio. El agresor abrió fuego en plena celebración del Día de Muertos, uno de los actos públicos más concurridos de la región. Un atacante fue abatido en el lugar, mientras que dos personas fueron detenidas por su implicación.
Manzo había denunciado públicamente la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de grupos criminales en la zona aguacatera de Michoacán, y reclamaba con frecuencia el respaldo de los gobiernos estatal y federal para enfrentar la inseguridad.
En la sesión del Congreso potosino, la noticia sacudió el ánimo y agudizó las críticas hacia la estrategia de seguridad nacional. El diputado priista Carlos Arreola, en un momento de tensión, se negó a aceptar la magnitud del problema y perdió el control del debate. Su actitud derivó en un enfrentamiento verbal con la diputada priista Frinne Azuara Yarzábal, quien le reprochó duramente por su despreocupada postura. La discusión fue tan intensa que los gritos resonaron en la tribuna, obligando al presidente de la mesa directiva a llamarlos al orden. Arreola finalmente abandonó la tribuna con evidente molestia y descompuesto, visiblemente derrotado ante la contundencia de los hechos.
La sesión dejó en claro que los legisladores de San Luis Potosí no están ajenos a la crisis de inseguridad que vive el país, y que el caso de Uruapan se percibe como un símbolo brutal del fracaso del gobierno federal en garantizar la seguridad de las autoridades locales. Se reclamó mayor coordinación entre órdenes de gobierno, transparencia en las investigaciones y mecanismos concretos para proteger a funcionarios electos. Asimismo, la fracción opositora exigió que se convierta en eje de una agenda legislativa que revise los recursos asignados a seguridad y se impulse una reforma que atienda la violencia político-criminal.
En suma, lo ocurrido en la tribuna potosina exhibe la fragilidad institucional frente al crimen organizado y confirma que hechos como el asesinato de Carlos Manzo no sólo impactan a Michoacán, sino que activan alarmas en todo el país, obligando a los poderes locales a reaccionar con voces alzadas y exigencias urgentes de justicia e intervención.
