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- En el marco de la marcha, una ex trabajadora municipal solicitó informes sobre el avance del juicio político promovido por presuntos actos de corrupción.
Staff / El Mañana
La manifestación realizada este martes frente al Congreso del Estado para exigir la derogación de la denominada “Ley Serrano” también sirvió de escenario para otros reclamos ciudadanos. Entre ellos destacó el de Martha Erika Tapia, ex trabajadora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, quien solicitó a los legisladores informar el estado que guarda el juicio político promovido por presuntos actos de corrupción, hostigamiento laboral y protección de “aviadores” en la administración municipal.
Con una lona en la que se leía “Galindo cómplice de aviadores y acosadores laborales”, la ex servidora pública afirmó que continuará denunciando las presuntas irregularidades ocurridas durante su paso por el gobierno capitalino. “Hoy también levanté mi voz. No me cansaré de señalarlo”, expresó.
Durante la protesta entregó oficios dirigidos a la presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, y al presidente de la Comisión de Gobernación, diputado Héctor Serrano Cortés, para solicitar información sobre el avance del juicio político promovido contra el regidor Jorge Alberto Zavala López y su suplente, Jesús Becerra Rodríguez.
En los documentos pidió conocer las actuaciones realizadas, la autoridad responsable del seguimiento y las razones por las que, hasta el momento, no existe una resolución o respuesta formal al procedimiento iniciado el año pasado.
Tapia sostuvo que el caso rebasa el ámbito laboral, al considerar que involucra posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y en el funcionamiento de la administración municipal. Finalmente, reiteró que ejercer la libertad de expresión no debe generar represalias, sino garantizar el derecho ciudadano a denunciar posibles actos de corrupción.
El recuento…
En septiembre de 2025 fue promovida una solicitud de juicio político contra el regidor Jorge Alberto Zavala López por presuntas irregularidades administrativas y hostigamiento laboral; hasta el momento, el Congreso del Estado no ha emitido una resolución pública sobre el caso.
