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Agencia Reforma
Ciudad de México 14 septiembre 2026.- En un solo día, 43 Jueces, Magistrados y secretarios en funciones, todos ellos de carrera judicial y no producto de los acordeones, fueron reasignados en sus funciones dentro del Poder Judicial de la Federación.
En uno de los relevos más drásticos, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) ordenó el cambio de adscripción de estos 43 juzgadores.
Los movimientos alcanzan a 6 Magistrados y 37 Jueces de distrito en 18 estados; de estos últimos, 27 son Jueces y 10 secretarios que ocupaban temporalmente plazas de titulares.
El dato central es que ninguno de los 43 que fueron removidos son “jueces de acordeón”, es decir que llegaron al cargo mediante la elección popular. Todos son de carrera judicial y sus plazas no serán sometidas a votación sino hasta 2028.
Los cambios fueron acordados por el Pleno del OAJ el pasado 9 de septiembre y comenzarán a aplicarse entre el 15 y el 17 de septiembre.
Las nuevas adscripciones buscan cubrir plazas vacantes, sustituir a juzgadores suspendidos por investigaciones administrativas y, en dos casos, cubrir licencias de maternidad.
Entre los movimientos hay traslados entre entidades distantes. Un juez de la Ciudad de México fue enviado a Tijuana, mientras otros fueron enviados a Chihuahua, Guanajuato, Tabasco, Nayarit y otras entidades.
El acuerdo también contempla a juzgadores suspendidos que enfrentan procedimientos administrativos por presuntas irregularidades.
En estos casos, sus nuevas designaciones sólo tendrán efecto si su situación legal permite que regresen a ejercer.
La dimensión del movimiento contrasta con lo ocurrido en 2019, cuando el entonces Consejo de la Judicatura Federal realizó 86 readscripciones de jueces y magistrados durante todo ese año. Ahora, 43 fueron movidos de una sola vez.
Fue arbitrario, acusa la Jufed
Para la Asociación de Magistrados y Jueces (JUFED) este abrupto cambio de adscripción fue una decisión arbitraria.
El órgano exigió al OAJ hacer públicos los criterios de su decisión, pero anticipó que se trata de un mecanismo de presión que busca generar zozobra y afectar principalmente a los juzgadores de carrera judicial.
