- La filtración constante de agua proveniente de los jales de la Mina María de la Paz avanza sin control hacia zonas agrícolas y urbanas, mientras el gobierno federal permanece inmóvil pese al riesgo ambiental evidente.
San Luis, SLP, 17 noviembre 2025.- El alcalde de Villa de la Paz, Juan Francisco Gómez Escamilla, ha optado por callar frente a un escurrimiento continuo y constante que no es producto de lluvias, sino del drenaje directo y a cielo abierto de los jales mineros.
La falta de denuncia o intervención municipal deja claro que el ayuntamiento de dicho lugar permitió que el problema creciera a la vista de todos.
Un amplio reportaje de un medio informativo de Matehuala denunció que cientos de metros cúbicos de agua contaminada corren a través de un arroyo que no es natural, sino que se abrió paso con el desfogue constante del jale principal de la mina María de la Paz, propiedad de José Cerrillo Chowell, y que desciende por kilómetros, afectando el suelo con los metales pesados que lleva el agua contaminada.
La denuncia periodística refiere que, desde 2003, hace más de 20 años, investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí documentaron los altos niveles de arsénico, plomo y otros metales que son un grave riesgo a la salud en agua y suelos de Villa de la Paz y Matehuala. Incluso evidenciaron niños y familias enteras de las cercanías a la mina con problemas graves de salud.
A dos décadas de aquella evidencia, el manejo de los jales continúa siendo deficiente y la vigilancia institucional, inexistente. El escurrimiento actual confirma que la región sigue expuesta a metales que no se degradan y que pueden acumularse silenciosamente durante años.
A la evidente omisión municipal se suma la indiferencia federal. Ni la SEMARNAT ni la PROFEPA ni las direcciones mineras de la Secretaría de Economía han intervenido, pese al flujo permanente de miles de litros de agua bajando por el Camino Viejo a La Paz. La legislación ambiental prohíbe descargas de este tipo, pero la ausencia total de inspecciones convierte un potencial delito ambiental en una práctica tolerada.
