- Infonavit se resiste a reconocer los efectos de sus viviendas: hacinamiento, violencia familiar y un deterioro al terminar de pagarse.
Staff/ El Mañana
El Gobierno Federal, mediante la política de vivienda operada por el Infonavit, siembra condiciones de conflicto social al promover espacios habitacionales reducidos donde el hacinamiento es inevitable. Estas viviendas generan tensiones constantes que derivan en violencia intrafamiliar, riesgos de conductas disfuncionales y una inclinación de los jóvenes a refugiarse en la calle ante la falta de un espacio personal digno.
El hacinamiento sistemático fractura el tejido familiar y comunitario. La ausencia de privacidad y la convivencia forzada en pocos metros cuadrados actúan como detonantes de conflictos, donde la frustración cotidiana se traduce en agresiones y conductas antisociales. El hogar deja de ser refugio y se convierte en un entorno hostil que expulsa a sus integrantes hacia espacios públicos sin supervisión.
A ello se suma una lógica técnica y financiera cuestionable: el Infonavit exige a los constructores garantizar una vida útil de al menos 30 años, exactamente el plazo promedio de los créditos. Así, el trabajador dedica su vida laboral a pagar una vivienda diseñada para resistir solo hasta la última mensualidad.
En consecuencia, cuando la casa finalmente es suya, el inmueble ha alcanzado el límite de su vida útil garantizada. El resultado es un patrimonio agotado, con altos costos de mantenimiento o riesgos estructurales.
Al priorizar la colocación de créditos sobre la calidad de vida, el Estado termina entregando viviendas que operan como focos de conflicto social más que como soluciones habitacionales duraderas.
