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Staff / El Mañana
Autoridades federales en la 57 se ponen las pilas para cobrar; mientras las familias potosinas y los transportistas se juegan la vida a diario entre baches, asaltos y choques mortales.
Las autoridades ya encontraron otra mina de oro: una lluvia de multas en los tramos federales que no sirve para arreglar las vialidades, sino para las cuentas de la Tesorería de la Federación.
Desde finales de mayo de este año, la Guardia Nacional ya tiene el poder absoluto para aplicar infracciones millonarias en el asfalto.
El gran problema de este esquema meramente recaudatorio es el completo abandono en el que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene a las carreteras del norte del país, donde la falta de mantenimiento y el peligro constante son el pan de cada día para los usuarios.
El ejemplo más claro de este amargo contraste es el tramo de El Huizache a Matehuala en la Carretera 57, una ruta que se ha convertido en una auténtica guillotina.
Tan solo entre finales de mayo y junio se han registrado al menos cuatro accidentes de terror con tráileres calcinados, volcaduras y choques múltiples.
Aunque las patrullas federales corren a abanderar cuando ya ocurrió la tragedia, la realidad es que la vigilancia preventiva brilla por su ausencia y las condiciones de riesgo siguen intactas.
A los conductores les aplican multas que van desde los mil pesos hasta los 24 mil pesos por cualquier descuido, pero nadie multa al gobierno por las pésimas condiciones de la infraestructura ni por la inseguridad que azota la zona.
Los usuarios de la Carretera 57 lamentan que la prioridad federal sea vaciar los bolsillos de los automovilistas con el reglamento en la mano, en lugar de meterle presupuesto a un tramo peligroso que urge ser reparado antes de que cobre más vidas.
