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Staff / El Mañana
El Congreso estatal avaló la transición de la antigua unidad hacia una fiscalía especializada con autonomía presupuestal y pericial para atender casos de búsqueda.
El Poder Legislativo de San Luis Potosí dio luz verde a la reestructuración institucional que transforma la antigua unidad operativa en una Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada. Con esta modificación al marco legal, la procuración de justicia en el territorio potosino busca abandonar la simulación operativa para dar paso a un modelo de indagatoria con enfoque humano y de contexto.
La urgencia de este cambio estructural no responde a una concesión gratuita de la clase política, sino a la exigencia histórica sostenida por colectivos de familiares y organizaciones de búsqueda en el estado. Durante años, los grupos de rastreo denunciaron que la estructura anterior carecía de los recursos técnicos, humanos y financieros indispensables para enfrentar una crisis humanitaria que golpea con fuerza a todas las regiones de la entidad.
Con el nuevo decreto aprobado en el pleno, la instancia contará formalmente con presupuesto propio, personal pericial especializado y áreas de apoyo psicosocial indispensables para el acompañamiento integral de las víctimas indirectas. La asignación de recursos específicos pretende solventar los rezagos crónicos que mantenían estancadas las carpetas de investigación bajo la anterior administración ministerial.
Especialistas en procuración de justicia señalaron que este rediseño normativo obliga a la Fiscalía General del Estado a homologar sus protocolos con los estándares fijados por el Sistema Nacional de Búsqueda. La homologación técnica implica dejar atrás las indagatorias aisladas y apostar por líneas de investigación que analicen patrones criminales y contextos regionales de violencia sistemática.
A pesar del avance que representa la consolidación de este órgano autónomo, familiares de personas desaparecidas advierten que el verdadero reto consistirá en la ejecución transparente y eficiente del presupuesto asignado. Las familias han recalcado en múltiples ocasiones que la infraestructura institucional solo tiene valor real si se traduce en la localización con vida de las víctimas y en el castigo efectivo a los responsables.
La implementación de este nuevo modelo de justicia especializada comenzará a operar de manera inmediata en la capital y las zonas con mayor incidencia delictiva del estado. Las agrupaciones civiles mantendrán un monitoreo constante sobre el desempeño de los nuevos mandos para evitar que la fiscalía caiga en los mismos vicios burocráticos que caracterizaron a su antecesora.
Con este paso legislativo, San Luis Potosí se suma a la lista de entidades que intentan dotar de herramientas jurídicas más robustas a las Fiscalías locales frente a un delito que lacera profundamente el tejido social. La efectividad de este nuevo esquema dependerá fundamentalmente de la voluntad política para depurar las corporaciones y garantizar un trato digno a quienes buscan a sus seres queridos.
