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Staff/EL MAÑANA
El personal docente, directivo y administrativo de las escuelas de San Luis Potosí tendrá la obligación de denunciar de manera inmediata cualquier caso de violencia contra niñas, niños y adolescentes del que tenga conocimiento, sospecha o indicios.
El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Educación, impulsada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, que establece expresamente este deber ante hechos de abuso sexual, maltrato o cualquier otra forma de violencia que ocurra en el entorno escolar, familiar o comunitario.
La reforma busca cerrar un vacío legal que, de acuerdo con el legislador, podía retrasar la intervención de las autoridades y favorecer la revictimización o impunidad. Ahora, quienes laboran en los centros educativos deberán actuar conforme a protocolos y dar aviso a las autoridades competentes de procuración de justicia.
La omisión de esta obligación podrá ser sancionada conforme a la legislación penal y administrativa aplicable, aunque también se establece protección para quienes denuncien de buena fe.
