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El documento analizado por Reporte Índigo sostiene que la organización habría logrado ingresar a instalaciones estratégicas de Pemex —entre ellas la Terminal Marítima de Dos Bocas, la refinería de Salina Cruz, el Complejo Cantarell, la refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico Independencia— para extraer derivados del petróleo como nafta, crudo y productos petroquímicos especializados.
Estas operaciones se realizaban presuntamente sin registros oficiales de ingreso o salida y sin contratos que justificaran la presencia de particulares dentro de instalaciones consideradas estratégicas para el Estado mexicano.
Si las investigaciones confirman estos hechos, el caso trascendería el robo de combustibles conocido como huachicol tradicional. Implicaría una presunta infiltración logística en instalaciones de la empresa productiva del Estado y un esquema de comercialización que habría aprovechado mecanismos fiscales para dar apariencia de legalidad al producto.
Petrogesa funge como una empresa “contratista” proporcionando una red de suministro y servicios a Pemex, relacionados con productos químicos especiales y otros derivados del petroleo, que se utilizan para eliminar contaminantes de crudos pesados y aceites ligeros.
Esos servicios prestados consisten principalmente en transporte, renta de grúas, venta, instalación y mantenimiento de bombas y equipo de inyección; inyección, monitoreo y logística; renta de laboratorio y renta de Unidad de Presión y Vacío (UpV).
Con base en estos elementos, los denunciantes solicitan a las autoridades investigar la posible comisión de delitos como robo de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Hasta el momento, la documentación revisada corresponde a denuncias y señalamientos cuya veracidad y responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes conforme avancen las investigaciones.
*Texas, el destino final de millones de dólares*
Grupo GESA estaría operando presuntamente un esquema de extracción y comercialización ilícita de hidrocarburos que no terminaría en territorio mexicano. De acuerdo con el documento que describe la estructura financiera de la red, y que fue consultado por este medio, el último eslabón de la operación conduciría a un grupo de empresas constituidas en Texas, desde donde presuntamente se habrían canalizado recursos por más de mil 100 millones de dólares.
Según el expediente, la organización encabezada por el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya habría construido una red de empresas y personas físicas para simular operaciones comerciales, ocultar el origen de hidrocarburos presuntamente extraídos de instalaciones de Pemex y, posteriormente, triangular los recursos mediante sociedades ubicadas en la frontera norte.
