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Agencia Reforma
Ciudad de México 1 octubre 2026.- Empresas vinculadas a Grupo Marsan propiedad del empresario tijuanense Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EU, recibieron contratos millonarios del gobierno morenista de Baja California, la Fiscalía estatal y municipios de la entidad.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el caso más relevante es la empresa “Inteliproof Efficient”, incluida por el Departamento del Tesoro en su acción contra la red vinculada al Cártel de Sinaloa y que recibió de la Fiscalía de Baja California más de 200 millones de pesos entre 2022 y 2025 en contratos, uno de ellos por un software de reconocimiento facial.
La empresa también fue contratada por el gobierno de la morenista Marina del Pilar Ávila para la compra de equipo y uniformes de la Secretaría de Seguridad estatal, según reportó MCCI.
“Inteliproof Efficient” también recibió pagos por más de 46 millones de pesos de los ayuntamientos de Tijuana, Rosarito y Tecate.
Otra empresa de Santelices señalada por OFAC, “Festivales Artistas Mobiliario Asesoría”, vinculada con Promociones CHF/FAMA, recibió contratos directos con la Secretaría de Turismo por 9.5 millones de pesos.
Ayer el Gobierno estatal de BC dijo que la Gobernadora Ávila pidió una revisión exhaustiva y ordenó que ningún proveedor señalado por la OFAC, por presuntas actividades ilícitas, podrá participar en licitaciones estatales en tanto no se aclare su situación legal.
El entramado de las empresas y Santelices, tienen además conexiones con el Alcalde de Tijuana, el morenista Ismael Burgueño.
Santelices impulsó el proyecto político de Burgueño, junto con Carlos Torres, ex esposo de la Gobernadora Ávila.
El estratega fue Fernando Salgado Chávez, empresario a quien atribuye el manejo de áreas estratégicas de la Alcaldía como Desarrollo Urbano, Obras y Compras.
Desarrolladores consultados por REFORMA denunciaron que Salgado controla y además tiene detenido el Plan de Desarrollo Urbano de Tijuana (PDUT) para condicionar proyectos inmobiliarios y exigir dinero para otorgar permisos y autorizaciones.
“Es un padecimiento que tienen todos los que pretenden hacer un desarrollo en Tijuana”, aseguró un empresario constructor.
Con información de Verónica Ayala (MCCI) y Benito Jiménez
