🔊 Escuchar esta nota informativa:
Enrique Dahud dejó su relación laboral en el Ayuntamiento de la capital tras ser cuestionado por cobrar 28 mil pesos mensuales mientras dirigía el partido.
La controversia por presunta incompatibilidad de funciones dentro de la política local tuvo un desenlace este viernes 16 de octubre en San Luis Potosí, luego de que el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Dahud Uresti, formalizara su renuncia al contrato de prestación de servicios que mantenía con el gobierno del municipio capitalino.
El conflicto estalló públicamente el pasado lunes 12 de octubre durante una rueda de prensa celebrada en la capital del estado. En dicho encuentro con los medios, el dirigente albiazul fue encarado por reporteros sobre el cobro de una percepción mensual de 28 mil pesos bajo el esquema de honorarios dentro de la nómina municipal. Durante la entrevista, Dahud Uresti evitó dar una postura clara, lo que desató una ola de cuestionamientos sobre el conflicto de interés que representaba ser empleado en la administración encabezada por el edil priista Enrique Galindo Ceballos mientras ostentaba la representación del principal partido de oposición en la entidad.
Con el paso de los días, la tensión política se incrementó. Desde la sede del Ayuntamiento se intentó restarle gravedad al asunto señalando que la contratación respondía a un esquema legal de honorarios para tareas específicas. Sin embargo, diversos liderazgos y militantes del panismo potosino expresaron su malestar, al considerar que la subordinación económica del líder del partido hacia la administración municipal vulneraba la independencia política del instituto.
Ante la creciente presión social y mediática, el dirigente partidista emitió un comunicado oficial la mañana de este viernes 16 de octubre para anunciar el término de su relación laboral de manera voluntaria. En el documento, el político argumentó que su dimisión responde a una decisión personal encaminada a evitar que el tema continúe distrayendo la discusión pública y afectando la imagen de la dirigencia que encabeza.
El caso ha reabierto el debate en el foro político local sobre la fiscalización de las nóminas gubernamentales, el rigor en las contrataciones por honorarios y los límites éticos que deben observar los dirigentes de partidos políticos al relacionarse profesionalmente con las administraciones públicas.
