Desde la banqueta.
Ericka Segura
En San Luis Potosí los parquímetros se han convertido en el reflejo perfecto del gobierno de Enrique Galindo Ceballos, mucho discurso de modernidad, pero una operación parchada, opaca y enfocada más en recaudar que en servir.
Mientras el Ayuntamiento presume innovación, la realidad en las calles es otra, de 201 aparatos instalados, sólo 177 funcionan. Los demás terminaron convertidos en refacciones improvisadas, como si el sistema público operara bajo lógica de yonke. Pero para cobrar nunca hay fallas.
El problema ya no es sólo técnico, sino político. Los ciudadanos pagan diariamente por un servicio obsoleto, con aplicaciones deficientes, líneas de atención que no responden y multas casi inmediatas. En zonas comerciales, conductores denuncian una auténtica “cacería” de infracciones e inmovilizadores apenas vence el tiempo de tolerancia.
La contradicción es brutal, el sistema recauda entre 29 y 32 millones de pesos anuales, pero sigue funcionando con inspecciones manuales porque el Ayuntamiento perdió acceso a la plataforma tecnológica que detectaba fallas remotamente. Modernización de discurso; rezago en la práctica.
Las inconsistencias también levantan sospechas. En 2019 los ingresos reportados rondaban los 42 millones de pesos y ahora, pese al aumento vehicular y al crecimiento del sistema, la recaudación cayó a 27 millones. A eso se suman señalamientos sobre personal no autorizado aplicando multas y opacidad en la contratación de vehículos operativos. Mucho dinero circulando, pero pocas cuentas claras.
Pero quizá lo más preocupante no está en los aparatos descompuestos, sino en la relación con la crítica. Porque un gobierno que bloquea a reporteros incómodos y sólo abre espacio a medios afines difícilmente puede hablar de transparencia.
Al final, los parquímetros exhiben el verdadero modelo de gobierno, cobrar como primer mundo, operar como hace veinte años y rendir cuentas como si preguntar fuera un exceso ciudadano.
