DON ENCHILADO
La discusión por la llamada Ley Serrano dejó al descubierto una realidad incómoda en San Luis Potosí: durante años, oportunistas encontraron en las redes sociales un negocio rentable para difamar, operar campañas negras y destruir reputaciones bajo el disfraz del “periodismo independiente”. Bastaba abrir una página de Facebook, colocar un logotipo improvisado y comenzar a disparar acusaciones sin pruebas para obtener reflectores, presión política o incluso beneficios económicos. Todo bajo el cómodo argumento de la libertad de expresión.
Sin embargo, la reciente postura del Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas terminó por derrumbar el discurso victimista que algunos intentaron posicionar tras las detenciones de los últimos días. El organismo fue claro: no encontró elementos para considerar que exista censura, persecución o represión contra el ejercicio periodístico. Lo que existe, según el análisis oficial, son investigaciones sobre posibles conductas ilícitas ajenas al trabajo informativo legítimo. Y esa precisión cambia completamente el debate.
Porque una cosa es cuestionar al poder y ejercer un periodismo incómodo, crítico y profesional; y otra muy distinta utilizar herramientas digitales para manipular identidades, fabricar contenido falso, operar ataques políticos o difundir campañas de lodo desde el anonimato. Ahí ya no hablamos de libertad de expresión: hablamos de posibles delitos. Y es precisamente esa frontera la que muchos se niegan a reconocer porque durante demasiado tiempo las redes sociales funcionaron como territorio sin ley.
El caso de personajes como Eréndira Reyes Aguillón exhibe justamente esa degradación del oficio. Hoy algunos grupos intentan presentarla como “periodista perseguida”, pero su historial público incluye señalamientos por fraude, cheques sin fondos, agresiones y otros antecedentes que nada tienen que ver con el ejercicio profesional de informar. Convertir automáticamente a cualquier detenido con página de Facebook en “presa política” no sólo es irresponsable; también ofende a periodistas reales que sí arriesgan prestigio, seguridad y credibilidad todos los días.
Pero este episodio también debería encender focos rojos dentro de medios de comunicación tradicionales. Directivos y propietarios tendrían que revisar con cuidado a quién incorporan en sus filas y bajo qué criterios terminan arropando personajes cuya trayectoria política y antecedentes terminan manchando la credibilidad del gremio. Porque cuando ciertos dueños de medios salen apresuradamente a defender perfiles severamente cuestionados, la duda aparece inevitablemente: ¿realmente defienden la libertad de expresión o detrás de esa intervención existe una intencionalidad política disfrazada de solidaridad gremial?
La Ley Serrano no resolverá por sí sola el problema, pero sí abre una discusión urgente: la Inteligencia Artificial y las plataformas digitales ya son utilizadas para destruir personas, manipular percepciones y fabricar realidades falsas. Y tarde o temprano el Estado tenía que intervenir. Porque la libertad de expresión debe defenderse siempre, pero jamás puede convertirse en patente de corso para delinquir.
