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Las denuncias por el desmantelamiento operativo y el quebranto financiero en Santo Domingo permanecen sin resolución tras dos años de haber sido presentadas por el gobierno entrante. Ningún exfuncionario, incluida la exalcaldesa Celeste Mata Esparza, ha comparecido ante las instancias judiciales competentes.
Informes oficiales ratifican que existen tres expedientes radicados en la Contraloría interna y un recurso adicional promovido ante el Sistema Estatal Anticorrupción, todos enfocados en esclarecer el destino de los recursos públicos desaparecidos.
Las investigaciones documentan el saqueo de insumos básicos, unidades de transporte y equipo tecnológico durante la gestión previa, omitiendo la entrega de patrullas, ambulancias y camiones recolectores.
Asimismo, los reportes oficiales destacan la operatividad de una nómina irregular integrada por 150 falsos trabajadores, cuyos salarios se devengaron sistemáticamente durante un sexenio.
En el rubro de obra pública, las auditorías detectaron un faltante superior a 20 millones de pesos provenientes de Conagua, etiquetados para redes sanitarias que jamás fueron construidas.
A este escenario se suma la opacidad en la aplicación de 180 millones de pesos asignados mediante el Ramo 33, recurso destinado a infraestructura comunitaria que carece de evidencia física.
Pese al volumen de las irregularidades, la representación legal de la exmunícipe de Antorcha Campesina no registra requerimientos formales.
Por su parte, la administración actual mantiene reservas sobre el estado procedimental que guardan los juicios.
Las indagatorias continúan archivadas en las dependencias fiscalizadoras, postergando la deslindación de responsabilidades administrativas o penales.
200+ millones de pesos: Monto total estimado del presunto desfalco acumulado entre las distintas irregularidades.
180 millones de pesos: Fondos federales del Ramo 33 (30+ millones anuales durante 6 años) ingresados sin obras públicas que sustenten el gasto.
2 años: Tiempo transcurrido desde la entrega del municipio sin que se hayan emitido citatorios ni órdenes de aprehensión.
