🔊 Escuchar esta nota informativa:
Staff / El Mañana
Asesores comunitarios de Xilitla, S.L.P. advierten riesgos en la nueva Ley General de Derechos Indígenas y exigen plazos más amplios para garantizar una participación real.
El proceso de análisis en torno a la nueva Ley General de Derechos Indígenas ha encendido alertas entre los sectores de asesoría social en el municipio de Xilitla, S.L.P. Diversos representantes advirtieron que, si bien la apertura de un esquema de consulta federal representa un paso significativo, los tiempos establecidos resultan sumamente reducidos para garantizar un entendimiento pleno y una participación informada en las comunidades originarias y afromexicanas de la zona serrana.
De acuerdo con los planteamientos emitidos por expertos en la materia, la pretensión de sistematizar opiniones en un margen de días limitado pone en riesgo la calidad del debate legislativo. Los especialistas señalaron que se requiere un periodo de hasta un año para que los habitantes puedan analizar a fondo los capítulos relacionados con la libre determinación, la autonomía territorial y la protección jurídica de sus bienes naturales más preciados.
Uno de los puntos medulares que motivan esta exigencia de prórroga es la defensa del agua y los territorios tradicionales. Los defensores de los derechos colectivos argumentan que las fuentes hídricas ubicadas dentro de las demarcaciones indígenas deben ser reconocidas legalmente a favor de las propias comunidades, evitando riesgos de privatización o control externo. Por ello, insistieron en que los resultados de cualquier ejercicio participativo deben tener un carácter estrictamente vinculante para el Poder Legislativo.
