- La Secretaría de Bienestar en San Luis Potosí vuelve a hundirse en polémica tras revelarse que recursos exigidos a trabajadores habrían financiado la boda del funcionario Christian Pérez Rosales.
San Luis, SLP, 19 noviembre 2025.- Un nuevo escándalo golpea a la Secretaría de Bienestar en San Luis Potosí debido a que recursos presuntamente solicitados a servidores de la nación, incluyendo personas con incapacidad médica, habrían sido desviados para cubrir gastos de la boda de Christian Pérez Rosales, operador cercano del delegado Guillermo Morales López. El enlace ocurrió el 18 de octubre de 2025 y, según testimonios internos, varios empleados acudieron usando vehículos oficiales sin que hubiera registro o autorización institucional.
Entre los asistentes destacados se encontraban José Corpus, quien habría utilizado una camioneta RAM adscrita a la delegación, y Abelardo, asesor político del propio delegado. El funcionario contrajo matrimonio con Dalma De la Cruz García, ex coordinadora administrativa del programa de pensión para adultos mayores, señalada previamente por desviar recursos en beneficio de Morales López. Tras un distanciamiento personal entre ambos, la ex funcionaria mantuvo su influencia dentro de la delegación y consolidó su relación con Pérez, quien ascendía aceleradamente en la estructura.
El caso profundiza la crisis dentro de Bienestar, marcada por una cadena de señalamientos por uso indebido de recursos públicos y abusos de poder. Trabajadores consultados afirman operar bajo presión constante del delegado y su círculo cercano, quienes habrían instaurado un ambiente de miedo, lealtades forzadas y exigencias económicas injustificadas para financiar eventos privados y favores políticos.
La falta de controles internos y la permisividad hacia los funcionarios señalados están dejando a la delegación en un punto crítico. Mientras los recursos destinados a programas sociales terminan envueltos en controversias personales, los empleados denuncian hostigamiento y una estructura cada vez más deteriorada, sin que desde la dirección central de Bienestar se haya ordenado una intervención o auditoría que frene los abusos.
