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La reforma a la Ley de Aguas Nacionales genera incertidumbre en el gremio, quienes denuncian criminalización de su actividad.
Staff / El Mañana
El conflicto entre piperos potosinos y autoridades federales escaló tras una manifestación que se pudo observar en Soledad, donde alrededor de 250 unidades dedicadas al traslado de agua potable se concentraron para expresar su inconformidad con las recientes modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, particularmente el artículo 123 BIS III, que establece que el traslado de agua con fines de lucro puede constituir un delito federal sancionado con multas e incluso prisión.
Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC) señalaron que la reforma fue aprobada sin consultar al sector, afectando a más de 175 mil piperos a nivel nacional, incluidos alrededor de 550 en San Luis Potosí. Según los transportistas, la actividad no implica la venta del agua, sino el cobro por el servicio de traslado, por lo que consideran injusto que se les catalogue como infractores o se limite su operación.
Además, señalaron que algunos municipios han comenzado a clausurar pozos utilizados para abastecerse, acciones que, aseguran, exceden competencias locales y agravan la incertidumbre laboral del gremio.
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) descartó operativos punitivos contra los piperos y afirmó que el objetivo es regular la actividad para garantizar el uso adecuado del recurso hídrico, al tratarse de aguas nacionales cuya administración corresponde al organismo federal.
También señalaron que el gremio será recibido en una mesa de diálogo en la Ciudad de México para analizar ajustes antes de la expedición de los reglamentos correspondientes.
El debate evidencia dos visiones contrapuestas: mientras los transportistas advierten que la reforma criminaliza una labor que suple deficiencias en el abasto público, la federación insiste en que la regulación busca ordenar la explotación del agua y asegurar su preservación bajo el marco legal vigente.
