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- Denunciantes acusan presunto “cobro de piso” de hasta cinco mil pesos por mando para dejarlos trabajar.
Una grave denuncia coloca bajo cuestionamiento a la Dirección de Policía Vial de Villa de Pozos. Trabajadores vinculados con empresas de servicios particulares señalan a su titular, Juan Ramón Velázquez Urista, por presuntamente exigir dinero a cambio de permitirles trabajar dentro del municipio, práctica que los denunciantes califican como supuesto “cobro de piso”.
El testimonio de un trabajador relacionado con una empresa gasera apunta a que la exigencia habría sido transmitida mediante otro elemento de la corporación. “Vino el gerente de la empresa ‘MiGas’ a decirme que por parte del comandante Ramón, a través de un oficial Reséndiz de la patrulla 105, les está pidiendo 5 mil pesos por mando —son como seis— para dejarlos trabajar y para él le dio 4 mil pesos por mientras”, denunció.
Según el señalamiento, quienes no entregarían recursos enfrentarían presuntas represalias. “Amenaza que si no sigue pagando, donde lo vea lo va a remitir al Ministerio Público; ya no los deja trabajar en el municipio”, expresó el trabajador.
Los denunciantes afirman además contar con un video donde una pipa habría sido escoltada fuera de Villa de Pozos presuntamente después de negarse a entregar dinero. El material deberá ser revisado para esclarecer las circunstancias y determinar quién ordenó la actuación de los agentes.
La acusación cobra mayor relevancia debido al cargo que ocupa Velázquez Urista, pues los testimonios apuntan a una posible utilización de facultades policiales para presionar a prestadores de servicios. De acreditarse las conductas denunciadas, el caso podría superar el ámbito administrativo y derivar en responsabilidades legales.
Hasta ahora, los señalamientos corresponden a testimonios que deberán formalizarse y acompañarse de pruebas. Una investigación tendría que establecer si existieron los cobros, quién los solicitó, quién habría recibido el dinero y si participaron otros integrantes de la corporación.
El caso puede tener consecuencias graves: el Código Penal de San Luis Potosí establece que existe extorsión cuando una persona busca obtener lucro mediante intimidación, la pena general prevista es de cuatro a diez años de prisión, además de multa.
